La proposición de ley para limitar la compra especulativa de vivienda en Catalunya afronta una situación crítica después de que PSC y Comuns hayan registrado sus enmiendas por separado al vencer el plazo este viernes, sin haber alcanzado un acuerdo conjunto sobre cómo adaptar el texto a las objeciones jurídicas planteadas por el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) el pasado agosto.

Las diferencias de fondo son sustanciales. Los Comuns de Jéssica Albiach defienden tres enmiendas que, a su juicio, refuerzan las garantías constitucionales sin abandonar el núcleo de la norma: establecer un umbral que distinga entre pequeños tenedores —hasta cuatro viviendas— y grandes tenedores —a partir de cinco—, limitar las restricciones sobre herencias exclusivamente a estos últimos —obligándoles a destinar los inmuebles heredados a residencia habitual— y trasladar ese cambio a la legislación urbanística. La formación sostiene, además, que el texto original ya era constitucional y rechaza las conclusiones del CGE.

El Govern, en cambio, opta por una reforma más profunda del enfoque. Su propuesta abandona la prohibición directa de determinadas compras y traslada la intervención hacia el control del uso posterior del inmueble: que se destine a residencia habitual y no acabe en el mercado de alquiler turístico o de temporada. El ejecutivo prescinde además de la distinción entre gran tenedor y pequeño propietario, precisamente el punto que más aleja ambas posiciones. Salvador Illa ya había advertido públicamente que adaptar la norma al dictamen del CGE era imprescindible para no hacer «un brindis al sol».

El dictamen del CGE, origen de la fractura

El CGE, cuyo informe no tiene carácter vinculante, emitió su dictamen tras los recursos presentados por PP y Junts. El organismo concluyó que la proposición podía vulnerar los derechos constitucionales a la propiedad privada y a la herencia, así como la libertad de empresa. También identificó problemas de seguridad jurídica, falta de certeza en el redactado e invasión de competencias estatales en materia de obligaciones contractuales. A ello añadió que la tramitación por lectura única era inadecuada, recomendando el procedimiento legislativo ordinario. Fue precisamente la decisión del Govern de tomar en serio esas advertencias lo que abrió la brecha con los Comuns.

La norma aún puede prosperar, pero necesita a ERC

Pese al choque, la iniciativa no está técnicamente muerta. Durante la fase de ponencia parlamentaria, los grupos dispondrán de margen para negociar un texto de consenso antes de que llegue al Pleno. Sin embargo, incluso si PSC y Comuns lograran acercar posiciones, la ley precisaría también el respaldo de ERC, con quien el Govern no ha cerrado ningún acuerdo hasta ahora. Si ninguna de las partes acepta las enmiendas de la otra, la proposición podría decaer.

La regulación de la compra especulativa era una de las condiciones que los Comuns pusieron sobre la mesa para respaldar los Presupuestos de la Generalitat. El pacto entre Illa y Albiach, firmado en febrero y renovado en mayo, preveía prohibir la adquisición de viviendas en zonas de mercado tensionado salvo que se destinaran a residencia habitual, con una entrada en vigor prevista antes del verano y desarrollo posterior por parte de los ayuntamientos a través de planes especiales de urbanismo. Ninguno de esos plazos se ha cumplido.