El Ministerio del Interior ha confirmado el cierre del Puesto Principal de la Guardia Civil en Roquetas de Mar para el próximo 1 de diciembre, según comunicó la directora general del cuerpo, Mercedes González, en una reunión celebrada el 27 de octubre con el General de Zona de Andalucía y el coronel de Almería. La decisión afecta a 180 agentes y sus familias, que deberán buscar nuevo destino en plenas festividades navideñas y en mitad del curso escolar.

El trasfondo agrava la medida: Roquetas de Mar registra la mayor tasa de criminalidad de toda la provincia de Almería, con 59 infracciones penales por cada mil habitantes según el Balance de Criminalidad de 2025, lo que supone 6.618 delitos en un año. Los datos del primer trimestre de 2026 apuntan a una tendencia al alza, con un repunte del 8% en los robos con fuerza y del 13% en los hurtos. El puesto clausurado tramita más de 12.000 diligencias anuales y ejecuta cerca de un millar de detenciones.

La Policía Nacional llegará con menos de la mitad de efectivos prometidos

El traspaso de competencias a la Policía Nacional se hará efectivo también el 1 de diciembre, pero con un despliegue inicial de apenas 85 agentes, según denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), muy lejos de los más de 200 que el Gobierno había comprometido en un primer momento. Víctor Vega, portavoz de la AUGC, señala que la decisión carece de cualquier respaldo técnico: «No existe una valoración rigurosa que avale que este cambio mejore la seguridad en las calles. Es una decisión puramente política tomada en los despachos de Madrid».

Interior fundamenta el cierre en la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que reserva los grandes núcleos urbanos a la Policía Nacional. Sin embargo, las asociaciones profesionales y el propio Ayuntamiento recuerdan que Roquetas de Mar supera ya los 112.000 habitantes censados —y roza los 115.000 en período estival— y que su crecimiento demográfico desbordó hace tiempo el esquema que aquella ley de hace cuatro décadas diseñó.

Cinco asociaciones reclaman una «demarcación compartida»

Las cinco principales asociaciones profesionales del cuerpo —JUCIL, APC, AEGC, IGC y UNIONGC— han articulado una posición conjunta para oponerse al cierre. Desde la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), David Delgado subrayó el coste humano de la medida: «Detrás de esos 180 uniformes hay viviendas, cónyuges con empleos locales y menores escolarizados. El Gobierno los condena a la incertidumbre». Las organizaciones también cuestionan que la propia directora general haya asumido el cierre sin oponer resistencia institucional alguna.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, del PP, rechaza que la llegada de la Policía Nacional deba traducirse en la retirada de la Guardia Civil. Amat defiende una fórmula de «demarcación compartida» —ya operativa en otros 25 municipios andaluces de tamaño similar— que permitiría sumar efectivos en lugar de sustituir unos por otros: «Desmantelar un puesto con la experiencia acumulada de la Guardia Civil para empezar de cero es un error que compromete la tranquilidad de los vecinos», afirmó, exigiendo al Gobierno una rectificación. La Subdelegación del Gobierno en Almería no ha respondido a las peticiones de explicación formuladas por las asociaciones y la corporación municipal.