Al menos 23 establecimientos del centro de Barcelona sufrieron daños o fueron saqueados durante los disturbios del sábado. Tiendas como Urban Outfitters, JD Sports, Pandora, Ray-Ban y la joyería Laguarda de La Rambla figuran entre los locales afectados. El propietario de esta última optó por pasar la noche en su propio negocio por temor a que los vándalos regresaran. Días después, la indignación entre comerciantes y restauradores sigue creciendo, y las quejas apuntan en una misma dirección: la respuesta policial fue insuficiente y llegó tarde.

Elvira García, directora general de Barcelona Oberta —la asociación que agrupa los principales ejes comerciales y turísticos del centro—, describe cómo los grupos actuaron de forma coordinada y con objetivos claros antes incluso de llegar a la plaza de Catalunya. Desde Via Laietana hasta la calle Pelai, los encapuchados se desplazaron en varios focos simultáneos buscando electrónica, ropa de marca, ópticas, zapatillas deportivas y joyería. García reclama a las administraciones la creación de un canal de comunicación directo entre Mossos d'Esquadra y los comerciantes para poder anticiparse a situaciones de este tipo.

Dispositivo policial que conocía la convocatoria pero no la neutralizó

El punto más incómodo para las instituciones lo señala el Gremi de Restauració de Barcelona en un comunicado oficial: tanto la consellera de Interior, Núria Parlon, como el alcalde, Jaume Collboni, reconocieron la misma noche del sábado que los cuerpos policiales llevaban días haciendo seguimiento de la convocatoria, difundida con antelación por redes sociales. Para el Gremi, esto hace aún menos comprensible que no se evaluara correctamente el riesgo ni se desplegara un dispositivo proporcional a la amenaza.

García añade otro argumento concreto: los participantes iban encapuchados desde el primer momento, lo que a su juicio debería haber bastado para intervenir antes de que comenzaran los saqueos, sin esperar a que se consumara el delito. La queja no es menor: implica que los agentes habrían podido actuar preventivamente pero no lo hicieron, o no estaban en posición de hacerlo.

El Gremi lamenta, además, que ninguna administración se pusiera en contacto con el sector para alertarle de la situación ni para interesarse por los trabajadores que se encontraban en el interior de los locales durante los disturbios. Ese silencio institucional —ni una llamada, ni un mensaje— contrasta con el discurso posterior de apoyo y solidaridad que han prodigado alcaldía y Govern.

El Passeig de Gràcia cerró antes, pero no salió indemne

Luis Sans, presidente de la Associació del Passeig de Gràcia, reconoce que en ese eje había cierta previsión de que «podía pasar alguna cosa». Varios comercios decidieron cerrar por la mañana y la mayoría lo hizo por la tarde al ver cómo El Corte Inglés de la plaza de Catalunya tenía que bajar las persianas con clientes en el interior. Aun así, la tienda de Ray-Ban de ese paseo fue vandalizada. Sans no deja lugar a dudas sobre la naturaleza de los hechos: «el móvil era puramente destrozar y robar».

Collboni promete acusación y ayudas; el Gremi pide que los locales no queden fuera

El alcalde Jaume Collboni confirmó que el Ayuntamiento ejercerá la acusación en los procedimientos judiciales abiertos y que, «si se da el caso», tramitará ayudas económicas para los afectados. También anticipó que, dado que más de la mitad de los detenidos son menores de edad, se reclamarán responsabilidades a sus padres o tutores. El Gremi de Restauració aprovechó para exigir que esa acusación no se limite a los daños en el mobiliario urbano —farolas, papeleras, contenedores quemados— sino que abarque también los perjuicios sufridos por los negocios privados.