El Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales que el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció el pasado julio continúa sin existir formalmente. Tres meses después de que el Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, sometiera a audiencia pública el proyecto de orden ministerial que daría vida al organismo, la propia Dirección General del Tesoro y Política Financiera ha confirmado por escrito que la norma no ha sido ni aprobada ni publicada, y que el Consejo, por tanto, no se ha constituido.

La respuesta oficial llega a través de una resolución emitida en el marco de una solicitud de transparencia en la que se pedían detalles sobre la composición del órgano, el presupuesto asignado, las eventuales retribuciones de sus miembros y las reuniones celebradas desde su puesta en marcha. Economía solo respondió a la primera de las preguntas: el estado administrativo del proyecto. El resto de cuestiones fueron inadmitidas al amparo del artículo 18.1.a) de la Ley de Transparencia, que permite rechazar solicitudes referidas a información en curso de elaboración. La propia Administración reconoció que ese artículo era aplicable precisamente porque el Consejo aún no ha nacido.

Un plazo que todavía no ha empezado a correr

El borrador de la norma fijaba que el Consejo debería constituirse en el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de la orden ministerial. Dado que esa orden sigue sin aprobarse ni publicarse en el BOE, el cómputo de ese plazo ni siquiera ha comenzado. La normativa proyectada también establece una reunión mínima anual, con posibilidad de sesiones adicionales a convocatoria de su presidencia.

El organismo estaba concebido como un órgano consultivo y asesor de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, con el objetivo de facilitar el intercambio de información entre las esferas pública y privada, detectar nuevas modalidades de riesgo y elaborar recomendaciones conjuntas. Su composición prevista incluye al Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y diversas fiscalías especializadas, además de representantes de sectores profesionales y empresariales sujetos a la normativa antiblanqueo.

En el preámbulo del proyecto, el Ministerio justifica la iniciativa en la creciente complejidad de los flujos financieros internacionales, la digitalización de las economías y el carácter transnacional de las amenazas. El documento también permite la creación de comisiones técnicas especializadas y sistemas de intercambio de información, con las cautelas correspondientes en materia de confidencialidad y protección de datos.

El contexto judicial en el que surgió el anuncio

El proyecto se hizo público pocas semanas después de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fuera señalado judicialmente por presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en el marco del caso Plus Ultra, relacionado con el rescate público de esa aerolínea durante la pandemia. La documentación oficial que respalda la creación del Consejo no establece ningún vínculo con ese procedimiento judicial, y el Gobierno ha centrado su justificación en razones de política preventiva de carácter general.

El proyecto establece expresamente que la constitución y el funcionamiento del nuevo órgano no generarán gasto adicional, al cubrirse con los recursos personales, técnicos y presupuestarios ya asignados a las unidades participantes. El plazo de audiencia pública para presentar alegaciones concluyó el 27 de julio, pero desde entonces los informes preceptivos siguen su curso sin que la orden haya alcanzado la fase de aprobación.