Junts per Catalunya ha lanzado un ultimátum formal a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona: si en el plazo de 48 horas no se ofrecen explicaciones satisfactorias sobre los disturbios registrados recientemente, el partido reclamará el cese de los responsables. Así lo anunció la diputada Míriam Nogueras, que señaló directamente al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, como responsables políticos de lo sucedido.

Nogueras utilizó una frase contundente para resumir la posición de su partido: «Esto hay que cortarlo de raíz». Con ello, Junts eleva la presión política sobre dos de las principales instituciones catalanas y convierte los altercados en un asunto de responsabilidad directa de sus máximos dirigentes, más allá de la actuación policial concreta.

Illa y Collboni en el punto de mira

Al vincular nominalmente tanto al Govern como al Consistorio barcelonés, Junts amplía el foco de la exigencia de responsabilidades: no solo interpela a los cuerpos de seguridad implicados, sino que sitúa la rendición de cuentas en los despachos de los dos líderes del PSC en Catalunya. El partido advierte, además, de que si se reprodujeran episodios similares en los próximos días, esa responsabilidad quedaría aún más consolidada.

El plazo de 48 horas fijado por Nogueras introduce un elemento de presión inmediata que obliga a Illa y Collboni a pronunciarse públicamente o a asumir el coste político del silencio. Hasta el momento de publicarse esta información, ni la Generalitat ni el Ayuntamiento de Barcelona habían ofrecido una respuesta oficial a las exigencias de Junts.