Los Mossos d'Esquadra trabajan para identificar a los responsables de haber organizado los graves disturbios que sacudieron el centro de Barcelona el pasado sábado: una convocatoria difundida a través de TikTok y de la plataforma anónima Blocus que llamaba a concentrarse en la plaza de Catalunya a las cinco de la tarde, no para protestar, sino, según las propias fuentes policiales, para cometer actos vandálicos y saquear comercios. La operación policial saldó con 128 arrestados, 72 de ellos menores de edad.

La comisaria jefa de los Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, fue taxativa en su valoración: lo ocurrido el sábado no fue una manifestación —ni siquiera una con desbordamiento puntual— sino una acción delictiva planificada y coordinada a través de las redes sociales. Esa distinción tiene relevancia jurídica y también política, porque elimina cualquier cobertura de derecho a la protesta a quienes participaron en los altercados.

Una convocatoria anónima con ramificaciones en varias ciudades

El llamamiento circuló bajo el pretexto de solidarizarse con las movilizaciones que en esos días tenían lugar en Francia, supuestamente vinculadas a la situación de los institutos. Sin embargo, el mensaje distribuido a través de Blocus —una plataforma diseñada para preservar el anonimato de quienes publican— instaba explícitamente a replicar esos episodios en diversas ciudades españolas. La investigación policial apunta a que la convocatoria no pudo surgir de forma espontánea, aunque las fuentes conocedoras del caso advierten de que demostrar la autoría intelectual «será complicado».

Catà detalló que el cuerpo trabaja en el análisis de las redes sociales para trazar el perfil tanto de los convocantes como de los participantes. La opacidad de Blocus y la rapidez con que estos mensajes se replican en TikTok dificultan la trazabilidad, pero la policía catalana mantiene abierta la investigación.

Menores ante el juez y posibles órdenes de alejamiento

Que casi seis de cada diez detenidos sean menores de edad marca el perfil de quienes respondieron a la convocatoria y plantea un problema añadido para la respuesta judicial. A partir de las cinco de la tarde del domingo, los arrestados comenzaron a pasar a disposición del juez de menores, quien podía acordar medidas cautelares de internamiento. La Fiscalía estudia además solicitar órdenes de alejamiento respecto de futuras concentraciones, con el objetivo de impedir que los implicados puedan repetir su participación en nuevos episodios de violencia.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, intervino públicamente durante un acto del PSC en Tarragona para prometer que se llegará hasta el final en la identificación de los organizadores. Sus palabras tienen el tono propio de quien quiere marcar distancias con lo ocurrido, pero la pregunta que subyace —cómo se llegó a este punto sin ninguna actuación preventiva relevante— no encontró respuesta en sus declaraciones. Los comercios del centro de Barcelona, con escaparates reventados y lineales saqueados, cargan con el coste inmediato de esa tarde de caos.