Los altercados del sábado en el centro de Barcelona —con 128 detenidos, 72 de ellos menores de edad, 15 agentes heridos y daños en decenas de comercios— han trasladado el debate sobre la seguridad al terreno político en el peor momento para Salvador Illa: a menos de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Junts, PP y Vox han exigido este domingo explicaciones al Govern por la gestión del dispositivo policial, mientras el president prometía que se identificará a todos los responsables.

Los incidentes se concentraron en el entorno de la plaza de Cataluña y dejaron un reguero de destrucción: 31 contenedores quemados, daños en el mobiliario urbano y saqueos en 23 establecimientos. La convocatoria, difundida sin autorización a través de TikTok bajo la etiqueta Blocus, reunió a grupos de jóvenes, muchos encapuchados, en lo que los Mossos describen como una dinámica de pequeños colectivos sin estructura organizativa aparente que se lanzaron al vandalismo sin reivindicación política identificable.

La comisaria de los Mossos admite que la violencia los tomó por sorpresa

La comisaria jefa de los Mossos d'Esquadra, Silvia Catà, reconoció en declaraciones a Catalunya Ràdio que el cuerpo no anticipó la intensidad de lo que se desataría. Calificó de «bastante inexplicable» la dinámica de los disturbios y admitió que grupos sin estructura ni reivindicación concreta generaron un nivel de violencia que superó las previsiones del dispositivo. Cuatro de los catorce mossos heridos lo fueron de gravedad. Entre los detenidos hay personas de apenas 14 años.

Esa admisión ha sido el principal argumento que la oposición ha usado para reclamar responsabilidades a la consejera de Interior, Núria Parlon. Si la propia cúpula policial reconoce que no estaba preparada para lo que ocurrió, la pregunta que PP y Junts trasladan a la opinión pública es inevitable: ¿de quién es la responsabilidad política de ese fallo de previsión?

Junts y PP pedirán la comparecencia de Parlon en el Parlament

Tanto Junts como el PP catalán han anunciado que solicitarán la comparecencia urgente de la consejera en el Parlament. La portavoz popular, Lorena Roldán, ha cuestionado la idoneidad del operativo desplegado. Por su parte, la candidata de Junts al Congreso por Barcelona, Míriam Nogueras, ha recurrido al ejemplo francés —donde episodios similares se han repetido en los últimos años— para advertir de que Cataluña no puede seguir ese camino: «Unos suben la persiana cada mañana y otros las revientan por la noche», afirmó, reivindicando a su formación como defensora de «la gente honrada y trabajadora». Vox, por su lado, ha aprovechado la coyuntura para volver a instalar el debate sobre inmigración y delincuencia, un territorio en el que el partido de Santiago Abascal busca diferenciarse de cara al 29-N.

Rufián: condena los saqueos pero apunta a «operaciones de Estado»

La reacción de Gabriel Rufián, candidato de ERC a las elecciones generales, fue más singular. Condenó explícitamente los disturbios y llamó «ladrones» a quienes saquearon los comercios —no activistas—, pero en el mismo movimiento lanzó una acusación sin sustento verificable: insinuó que detrás de la convocatoria podría haber una «operación de Estado» diseñada para desestabilizar gobiernos progresistas. «Huele a operación de Estado desde aquí», llegó a afirmar. La hipótesis, planteada sin ninguna evidencia concreta, contrasta con los datos disponibles: 128 detenidos, la mayoría menores, cuya procedencia y motivación los Mossos aún están investigando.

El trasfondo electoral es insoslayable. Con el 29 de noviembre en el horizonte, la seguridad ciudadana y el debate sobre integración e inmigración amenazan con convertirse en ejes de la campaña. El Govern de Illa, que lleva apenas unos meses en el cargo, afronta una pregunta incómoda: si la policía autonómica admite que fue sorprendida por una convocatoria viral en TikTok, ¿qué protocolos de inteligencia y anticipación tiene actualmente la consejería de Interior para este tipo de movilizaciones espontáneas?