La Audiencia Nacional mantiene abierta una investigación sobre once expedientes de contratación pública adjudicados por el Ministerio de Transportes —en su etapa bajo dirección de José Luis Ábalos— por un valor conjunto superior a 500 millones de euros. El juez instructor Ismael Moreno sospecha que esos contratos fueron amañados a cambio de comisiones de al menos cinco millones de euros, con implicación de Adif y la Dirección General de Carreteras, cuyo exalto cargo figura entre los imputados.

Las pesquisas han puesto en el foco a Santos Cerdán, entonces hombre de peso en la cúpula del PSOE, a través de su participación parcial en la empresa Servinabar, beneficiaria de contratos de obra pública. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil rastrea, entre otros pagos, los que esa sociedad recibió vinculados a la ampliación del Puente Centenario de Sevilla, una obra adjudicada inicialmente por 86,4 millones de euros cuyo coste final escaló hasta los 137 millones.

Fondos europeos y el tramo ferroviario de Adamuz

La investigación ha revelado que algunas de las empresas señaladas en las pesquisas participaron en los trabajos de renovación del tramo ferroviario de Adamuz, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, donde en enero murieron 46 personas. La Fiscalía Europea analiza si hubo un uso fraudulento de fondos comunitarios en la adjudicación de ese expediente. Otras sociedades adjudicatarias de contratos ferroviarios y de carreteras tuvieron en nómina al exasesor ministerial Koldo García o a su cónyuge.

El caso Koldo, que arrancó con la compra de mascarillas durante la pandemia, fue el origen judicial de toda esta cadena. El Tribunal Supremo condenó al exministro Ábalos a 24 años de prisión y a Koldo García a 19 por adjudicar ese material sanitario al empresario Víctor de Aldama a cambio de comisiones.

Errores de gestión más allá de la corrupción

Al margen de los procedimientos judiciales, el ministerio acumula episodios de mala gestión que tampoco han quedado sin repercusión. En febrero de 2023 se supo que Renfe había encargado a CAF trenes para Cantabria y Asturias —contrato valorado en 258 millones de euros— que no podían circular por determinados túneles debido a un error en los gálibos. El fallo obligó a rediseñar las unidades, retrasó las entregas varios años y provocó la dimisión de responsables en Renfe y Adif. También han trascendido contrataciones de prostitutas en empresas dependientes de Adif.

El actual titular del ministerio, Óscar Puente, no está imputado en ninguno de estos procedimientos, que se refieren a actuaciones anteriores a su nombramiento. Sin embargo, la acumulación de frentes judiciales y la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde 2023 —prorrogados desde entonces— condicionan la capacidad inversora y de mantenimiento de una red ferroviaria que en menos de un año ha sido escenario de dos accidentes mortales de gran magnitud: los de Adamuz y Urda.