La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado (Aicape) advirtió al Gobierno el pasado 25 de junio de que la pérdida de profesionales cualificados en la Administración amenazaba directamente la seguridad ferroviaria y la conservación de las infraestructuras públicas. La misiva, dirigida a la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, no recibió respuesta. Cuatro meses después se produjo el accidente de trenes en Urda, en la provincia de Toledo.

El presidente de Aicape, Imanol García, expuso en esa carta que, de no adoptarse «medidas organizativas urgentes» para reforzar los servicios esenciales ligados a la explotación, conservación y construcción de infraestructuras, «continuará degradándose la capacidad de la Administración» para garantizarlos. La asociación solicitó además una reunión para abordar el problema, petición que tampoco obtuvo respuesta por parte del Ejecutivo.

Politización de cargos técnicos, en el centro de la crítica

Tras el accidente de Urda, Aicape ha vuelto a tomar la palabra con un diagnóstico más directo: la «creciente penetración de criterios políticos» en decisiones que requieren una dirección esencialmente técnica. La asociación denuncia que puestos directivos de marcado perfil técnico en el sector ferroviario están siendo ocupados por perfiles de naturaleza política, cuando deberían estar reservados a profesionales con formación acreditada en el sistema. «La seguridad de los ciudadanos exige rigor técnico, independencia y responsabilidad», ha subrayado Ignacio García.

La carta de junio mencionaba ya los accidentes de Adamuz y El Bocal, la DANA de 2024 y los episodios meteorológicos extremos de la última primavera como ejemplos de la trascendencia que tienen las funciones de conservación y supervisión de infraestructuras. En todos esos casos, según Aicape, quedó en evidencia la necesidad de contar con organizaciones sólidas, medios suficientes y técnicos dispuestos a asumir responsabilidades de alta exigencia.

La investigación del accidente, bajo exigencia de independencia técnica

La asociación ha pedido que la investigación del siniestro de Urda quede blindada frente a «cualquier presión política» y que abarque el conjunto del sistema: infraestructura, señalización, sistemas de protección automática, procedimientos de circulación en condiciones degradadas, comunicaciones y organización del control del tráfico. «Buscar una explicación exclusivamente en un eventual error individual supondría renunciar a comprender las posibles deficiencias sistémicas», advierte.

Aicape recuerda además que la inversión preventiva en mantenimiento, con dotación adecuada de medios humanos, resulta «muy inferior» al coste económico y social que supone dejar deteriorar las infraestructuras y afrontar después sus consecuencias. El presidente Pedro Sánchez reconoció este viernes que «la confianza en el sistema de alta velocidad está quebrada», aunque guardó silencio sobre la carta que su Gobierno recibió y no respondió cinco meses atrás.