Vox ha presentado una querella criminal ante los juzgados de Ferrol contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y los responsables de la Delegación y la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, después de que el pasado sábado un acto electoral del partido en la Rúa Cantón Molins de Ferrol fuera, según la formación, objeto de boicot sin que las autoridades gubernativas intervinieran para garantizarlo.

El acto, en el que participó Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, había sido comunicado, según el partido, en tiempo y forma a las autoridades competentes, con solicitud expresa de protección. Vox sostiene que, pese a ello, la Delegación del Gobierno no adoptó las medidas necesarias para asegurar el desarrollo del mitin, lo que constituiría, a su juicio, un delito contra los derechos cívicos por omisión.

Galiza Nova, también en el punto de mira

Junto a la acción contra los responsables gubernativos, Vox exige igualmente responsabilidades penales para los integrantes de Galiza Nova —organización juvenil vinculada al BNG— a quienes señala como autores materiales del boicot y a los que acusa de incurrir en delitos de odio. La querella traslada así la disputa al terreno judicial en un doble frente: la inacción de los representantes del Ministerio del Interior y la actuación de quienes, según el partido, impidieron o perturbaron el ejercicio del derecho de reunión.

Desde Vox, la queja va más allá del incidente concreto en Ferrol. La formación denuncia lo que describe como una inacción sistemática del Ministerio del Interior ante situaciones similares producidas en distintos puntos de España, y advierte de que recurrirá a los tribunales cada vez que considere que las autoridades gubernativas incumplen su obligación de proteger los derechos de sus militantes y simpatizantes a celebrar actos públicos.