La Diputación Permanente del Congreso se convierte este martes en el escenario de una presión sin precedentes sobre el ministro de Transportes, Óscar Puente, que comparece ante el órgano en plena tormenta política por el accidente ferroviario de Urda. Más del 61% de sus miembros —una mayoría absoluta— han reclamado su dimisión o su cese antes de que empiece la sesión.

El choque es especialmente significativo por las circunstancias en que se produce. El Gobierno de Pedro Sánchez había confiado en que la composición de la Diputación Permanente —más favorable al Ejecutivo que el Pleno de la Cámara recién disuelta— le permitiría sacar adelante los decretos de vivienda que el Congreso tumbó por mayoría absoluta. El accidente de Urda ha invertido ese cálculo por completo: el mismo órgano que iba a ser un balón de oxígeno para el Ejecutivo pasa a ser el foro desde el que la oposición exige la cabeza del titular de Transportes.

Puente puso su cargo a disposición de Sánchez, que le mantiene

Tras el descarrilamiento, Puente ya había trasladado al presidente que estaba dispuesto a dar un paso al lado si consideraba que su permanencia perjudicaba al proyecto de Gobierno. Sánchez optó por respaldarlo. El propio ministro declaró que, de haber creído que su continuidad era un lastre, ya habría dimitido. Con esa cobertura presidencial, Puente afronta la comparecencia de este martes sin intención de ceder ante las peticiones de la oposición.

El Gobierno, por su parte, tenía previsto aprobar el mismo martes un paquete de ayudas relacionadas con el accidente, y Puente debía presentar al Consejo de Ministros un informe sobre lo ocurrido en Urda. Ambas medidas forman parte de la respuesta institucional del Ejecutivo ante la presión creciente que le llega tanto desde la oposición como desde la opinión pública.

La Diputación Permanente es el órgano que asume las funciones del Congreso entre la disolución de las Cortes y la constitución del nuevo Parlamento tras las elecciones. Su composición refleja la del hemiciclo disuelto, pero con un número reducido de miembros, lo que puede alterar los equilibrios de fuerzas respecto al Pleno ordinario. En este caso, ese efecto ha jugado en contra de las expectativas del Ejecutivo.