Salvador Illa ha dado instrucciones a los servicios jurídicos de la Generalitat para que analicen todas las vías legales disponibles con el fin de exigir responsabilidades a las plataformas digitales por permitir la difusión de convocatorias vinculadas al movimiento Blocus. El president traslada así la presión directamente a las empresas tecnológicas, a las que reclama que actúen para impedir que sus redes sirvan de altavoz a llamamientos que, a su juicio, promueven actos de carácter delictivo.

La decisión del Govern llega en un momento de tensión creciente en torno a las acciones de Blocus, un movimiento que ha protagonizado cortes de vías, bloqueos de infraestructuras y otras movilizaciones que han alterado la normalidad en diferentes puntos de Catalunya. La respuesta del ejecutivo de Illa opta por una doble vía: la presión judicial sobre las plataformas y la exigencia de autorregulación a estas empresas.

La responsabilidad de las plataformas, en el centro del debate

El encargo a los letrados de la Generalitat abre un frente jurídico complejo. La legislación europea sobre servicios digitales —en particular el Reglamento de Servicios Digitales (DSA)— obliga a las plataformas de gran tamaño a gestionar los riesgos sistémicos que genera el contenido que alojan, lo que podría ofrecer una base legal para reclamar su responsabilidad si se demuestra que difundieron convocatorias de actos ilícitos sin adoptar medidas suficientes. No obstante, el alcance real de cualquier acción legal dependerá del análisis que concluyan los propios servicios jurídicos del Govern.

Illa no ha concretado públicamente qué plataformas son objeto de ese estudio ni en qué plazos prevé actuar, más allá de subrayar que el objetivo es que las empresas eviten convertirse en instrumentos de difusión de convocatorias ilegales.