Claves
- Al menos 46 muertos y más de 100 heridos en la colisión de Urda (Toledo)
- El Gobierno culpa a un operador de Adif antes de que concluya la investigación
- Es el segundo accidente ferroviario grave en España en menos de nueve meses
- Vox mantiene su agenda y vincula la tragedia con la gestión del Gobierno
España encadena dos catástrofes ferroviarias en menos de un año. Esta mañana, un AVE y un tren de la operadora Iryo colisionaron en las proximidades de Urda, en la provincia de Toledo, en el kilómetro 118 de la línea Madrid-Sevilla. El balance provisional recogido por Protección Civil y fuentes ferroviarias apunta a al menos 46 personas fallecidas y más de un centenar de heridos de distinta gravedad —exactamente el mismo número de víctimas mortales que dejó el accidente de Adamuz, en Córdoba, el pasado mes de enero.
El choque se produjo cuando el Iryo, que transportaba 146 pasajeros y un bebé, impactó contra el AVE, en el que viajaban 397 personas. Según la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, uno de los convoyes «parece que estaba parado» en el momento del impacto, aunque las causas exactas de esa circunstancia permanecen bajo investigación. El accidente provocó que varios vagones cayesen por un terraplén, lo que agravó notablemente el número de víctimas.
El Gobierno atribuye el desastre a «un error humano» de Adif
La versión oficial del Ejecutivo no tardó en hacerse pública. Fuentes del Gobierno señalaron que «un error humano de un operador de Adif ante una avería del sistema principal de señalización» constituye la posible causa del accidente. La atribución inmediata de responsabilidades a un trabajador de Adif —organismo gestor del sistema ferroviario, que depende directamente del Ministerio de Transportes— llama la atención por su rapidez, especialmente cuando los equipos de emergencia aún trabajaban sobre el terreno y la investigación oficial acababa de iniciarse.
Adif, por su parte, informó de que todos los trenes de la línea se encuentran detenidos en estaciones intermedias, mientras Iryo canceló la totalidad de sus servicios con origen en Madrid-Puerta de Atocha con destino al Corredor Sur, sin ofrecer previsión de restablecimiento. El propio Pedro Sánchez interrumpió su agenda y difundió un mensaje en redes sociales en el que trasladó su «cariño y solidaridad» a las víctimas y aseguró mantener contacto con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y con el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page.
Reacciones políticas: PP suspende actos; Vox, no
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, canceló los actos de precampaña previstos para la jornada y expresó en redes su preocupación ante lo que definió como «un nuevo accidente ferroviario», poniendo el énfasis en la atención a las víctimas. Desde la dirección popular se precisó además que Feijóo contactó con el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha y con el alcalde de Urda.
Santiago Abascal, en cambio, decidió mantener su agenda de actos en Santander y Valladolid. Desde Vox explicaron que el líder del partido seguirá con su programa precisamente para continuar, en sus propias palabras, «denunciando la desvergüenza de la campaña del amor del PSOE que causa muertos en España». La formación vincula así, de forma explícita, la gestión gubernamental del sistema ferroviario con las tragedias acumuladas en lo que va de año.
El paralelismo con el accidente de Adamuz —ocurrido el pasado enero, con el mismo número de víctimas mortales— sitúa a España ante una pregunta de difícil esquiva: si en nueve meses se producen dos catástrofes de esta magnitud en la red ferroviaria gestionada por Adif, la responsabilidad política sobre el estado de las infraestructuras y los protocolos de seguridad difícilmente puede circunscribirse a la conducta individual de un operador.