El Tribunal Supremo ha dado un primer paso en la ampliación del alcance de la controversia judicial en torno a la llamada ley de nietos: ha concedido un plazo de tres días a todas las partes implicadas en el proceso para que se pronuncien sobre la solicitud formulada por el partido Iustitia Europa, que pide extender la suspensión del derecho al voto también a los hijos de los ciudadanos nacionalizados por esa vía. La resolución no supone una estimación de la medida, pero abre formalmente la vía para su estudio.

El propio Supremo había rechazado ya la adopción inmediata y sin audiencia previa de las llamadas medidas cautelarísimas —aquellas que se adoptan de urgencia antes de escuchar a la parte contraria—, solicitadas por Iustitia Europa. El tribunal descartó así actuar de forma fulminante, pero consideró que la cuestión merece tramitarse con el procedimiento ordinario de audiencia a las partes antes de resolver.

Qué pide Iustitia Europa y qué está en juego

La formación Iustitia Europa plantea que la suspensión del derecho al voto debería aplicarse no solo a quienes obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la ley de nietos —también conocida como Ley de Memoria Democrática en su vertiente de nacionalización—, sino también a sus hijos, que accedieron a la ciudadanía por derivación de esa misma vía. Se trata, por tanto, de una extensión del radio de la suspensión cautelar que el Supremo ya acordó con anterioridad para los nacionalizados directos.

Esta petición llega en un contexto de creciente litigiosidad sobre el alcance de la ley de nietos y los efectos electorales de las nacionalizaciones masivas producidas al amparo de esa norma, especialmente entre ciudadanos latinoamericanos. El número de personas afectadas por una eventual extensión de la medida podría ser significativo, aunque el tribunal aún no ha facilitado una cifra concreta al respecto.

Con el plazo de tres días fijado, el Supremo recibirá las alegaciones de las partes y decidirá a continuación si procede o no acordar la suspensión cautelar también para ese colectivo. La resolución definitiva sobre el fondo del asunto —la validez de las nacionalizaciones concedidas— sigue pendiente de un proceso de mayor recorrido.