El trabajador de Adif que desde el centro de control de la estación de Madrid Puerta de Atocha ordenó al tren AVE reanudar la marcha momentos antes de la colisión en Urda (Toledo) ha rechazado declarar ante los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación técnica del accidente. La negativa, confirmada por fuentes de la investigación a Europa Press, se produce en el marco del proceso abierto por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y no afecta, por el momento, al procedimiento penal paralelo que instruye el juzgado de Orgaz (Toledo).

El operario, que se encontraba bajo custodia de la Policía Judicial, ejerció su derecho a no responder a las preguntas de los investigadores siguiendo el protocolo habitual tras un accidente ferroviario. Aunque esa negativa es formalmente legítima en este tipo de procesos técnicos, deja sin respuesta una de las incógnitas centrales del siniestro: por qué se dio la instrucción de circular con «marcha normal» cuando el tren Iryo estaba detenido en la misma vía.

La orden de reanudar la circulación, clave de la investigación

El accidente de Urda, que se saldó con 69 víctimas, se produjo cuando el AVE impactó contra un Iryo que permanecía parado en el mismo tramo de vía. La CIAF trata de determinar si la orden emitida desde el centro de control de Atocha fue un error humano, un fallo en los protocolos de comunicación o si existió alguna disfunción en los sistemas de seguridad de la infraestructura gestionada por Adif. La actitud del trabajador complica la obtención de esa información por la vía de la declaración voluntaria.

Además, a la altura del jueves, los investigadores de la CIAF todavía no habían podido interrogar a los maquinistas ni a otros responsables implicados en el accidente, lo que indica que la reconstrucción técnica de los hechos avanza a un ritmo más lento del que cabría esperar en un siniestro de esta magnitud. La investigación penal discurre en paralelo, con el juzgado de Orgaz como sede, y en ese ámbito las obligaciones procesales de los implicados son distintas a las del procedimiento técnico de la CIAF.