La Guardia Civil cuenta hoy en Cataluña con apenas 34 cuarteles operativos, frente a los 66 que tenía en 2018, primer año de Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior. El dato, extraído del listado oficial de dependencias de la propia Benemérita, evidencia que casi la mitad de las instalaciones han desaparecido en menos de ocho años. El desglose por provincias arroja 12 cuarteles en Barcelona, 11 en Tarragona, seis en Girona y cinco en Lleida.

Pese a las cifras, el Gobierno defiende que los cambios responden a una «reorganización de unidades» a escala nacional para ajustar los recursos a las «necesidades reales del servicio». Esa lectura choca frontalmente con los datos que el propio Ministerio reconoció en abril: de las más de 4.000 plazas asignadas al territorio catalán, 1.157 permanecen vacantes, lo que supone un 28% del total. Tarragona acumula la peor parte, con una tasa de vacantes que roza el 40%.

Unidades especializadas disueltas y 48 puestos sin cubrir en el operativo forestal

El impacto no se limita a los cuarteles de línea. En la Comandancia de Tarragona se ha suprimido el Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Gedex), dejando al territorio sin una capacidad de respuesta que se considera crítica en materia de seguridad. Los agentes afectados se han visto forzados a elegir entre cambiar de especialidad o solicitar un traslado de destino. Una lógica similar ha operado con las patrullas del Seprona, disueltas en al menos cuatro localidades catalanas, lo que la asociación AUGC ha llevado a los tribunales, con un procedimiento judicial aún pendiente de resolución. En la localidad gerundense de L'Estartit, la supresión del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) ha representado por sí sola la pérdida de cerca de un tercio de la plantilla en esa demarcación.

En el ámbito de la lucha contra incendios forestales, la situación es igualmente comprometida: la Benemérita opera en Cataluña con la mitad de la plantilla prevista y arrastra 48 puestos vacantes, en un contexto que los propios mandos califican de «extrema vulnerabilidad». Desde el Cuerpo se señala directamente al bloqueo de Interior como causa del deterioro, y representantes comarcales advierten de que los cierres reflejan «un absoluto desconocimiento de la realidad del campo».

Municipios de Junts y ERC, contra su propio partido: la moción de la Cerdanya

El malestar ha trascendido la esfera interna del Cuerpo. Los 17 ayuntamientos que integran el Consell de la Cerdanya aprobaron una moción conjunta para oponerse a la retirada de efectivos de la zona. Lo llamativo del acuerdo es que diez de esos consistorios están gobernados por Junts, en abierta contradicción con la postura mantenida por la dirección del partido en Barcelona y en Madrid. Dos representantes de ERC en otros tantos municipios también se sumaron a la iniciativa, alineándose con los alcaldes conservadores en defensa de un servicio que sus propias formaciones han respaldado o tolerado desmantelar desde la órbita autonómica y estatal.

En la oposición, los propios socialistas reconocieron en su etapa fuera del Gobierno que la situación provocaba que muchos agentes rechazasen destinos en Cataluña. «Hay cuarteles con una sola persona», llegaron a afirmar diputados del PSOE, una declaración que contrasta con la defensa que ahora hace el Ejecutivo de sus decisiones en la materia. La caída de solicitudes entre nuevos aspirantes a cubrir plazas en la comunidad ha llegado a acercarse al 90% en algunas convocatorias, según los datos manejados por las asociaciones del Cuerpo.