La Fiscalía Europea (EPPO) confía en que la investigación abierta en marzo de este año sobre el presunto fraude en fondos comunitarios destinados al mantenimiento de las vías del corredor de alta velocidad Madrid-Sevilla dé resultados próximamente. La instrucción se desarrolla en paralelo con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), lo que apunta a la solidez del trabajo conjunto acumulado hasta la fecha.

El foco de la pesquisa son los trabajos de conservación en el tramo donde tuvieron lugar los dos accidentes mortales de Adamuz, en la provincia de Córdoba, y Urda, en Toledo. Ambas tragedias pusieron bajo el foco la seguridad de uno de los corredores ferroviarios más antiguos y transitados de la red española de alta velocidad, inaugurado en 1992, y abrieron interrogantes sobre si los fondos europeos destinados a su mantenimiento fueron gestionados con la debida diligencia.

Fondos europeos y presuntas irregularidades en la conservación del AVE

La EPPO, con sede en Luxemburgo, tiene competencia para investigar delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Su intervención en este caso implica que los investigadores habrían detectado indicios de que parte de los recursos comunitarios asignados al mantenimiento de estas infraestructuras podrían haberse gestionado de forma fraudulenta, aunque la investigación sigue abierta y ningún imputado ha sido señalado públicamente en la información disponible.

La implicación de la UCO añade músculo operativo a la investigación. Esta unidad, especializada en análisis financiero y económico complejo, ha participado en algunas de las causas de mayor calado instruidas en España en los últimos años. Su trabajo conjunto con la Fiscalía Europea sugiere que la investigación incluye análisis de contratos, facturas y flujos económicos relacionados con las obras de mantenimiento en el corredor.

Los accidentes de Adamuz y Urda dejaron víctimas mortales y desataron una oleada de críticas hacia Adif y el Ministerio de Transportes por el estado de conservación de la infraestructura. Las imágenes de las labores de reparación posteriores, con operarios trabajando sobre vías que debían haber recibido mantenimiento preventivo financiado con fondos europeos, alimentaron las sospechas que ahora investiga formalmente la EPPO.