Los centros de protección de Melilla albergan actualmente 330 menores-inmigrantes" class="ia-tag-link">menores inmigrantes, una cifra que cuadruplica la capacidad máxima establecida en la declaración de contingencia migratoria, fijada en 84 plazas. Ante esta situación, el Ejecutivo de la ciudad autónoma ha reclamado formalmente al Gobierno central que active los procedimientos de repatriación a Marruecos, el mismo mecanismo que, según denuncia, ya se aplica en Ceuta pero que se les niega a ellos.

El vicepresidente tercero del Gobierno de Melilla, Daniel Ventura, y la consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, comparecieron este jueves en rueda de prensa para hacer público su malestar tras una reunión técnica sobre menores en la que la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, rechazó aplicar los expedientes de repatriación. Ventura fue directo: la delegada «no tiene ningún interés» en esta vía y, en cambio, presiona para que Melilla acelere el traslado de esos menores al resto de España, una solución que el Ejecutivo local rechaza por considerar que agrava el efecto llamada.

Un acuerdo de 2007 con Marruecos que el Gobierno central no aplica

La reclamación de Melilla no parte de la nada. España y Marruecos mantienen desde 2007 un acuerdo bilateral que contempla expresamente el retorno de menores, ya sea por la vía de la reunificación familiar o bajo tutela del Estado marroquí. Marruecos, además, ratificó la Convención de los Derechos del Niño en 1990 y fue reelegido miembro del Comité de ese mismo organismo de la ONU para el periodo 2023-2027. Ventura subrayó que Rabat cuenta, por tanto, con un representante designado como garante de la protección de la infancia.

El vicepresidente fue más lejos al señalar que el propio Marruecos ha solicitado el retorno de estos menores y ha llegado a afirmar que España los retiene. Desde Melilla, la lectura es que todos los instrumentos jurídicos y diplomáticos están disponibles; lo que falta, según Ventura, es «voluntad política» por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La delegada del Gobierno alega que Melilla «no es Ceuta», pero el argumento no convence

En la reunión técnica, la delegada Sabrina Moh habría argumentado que la situación de Melilla «no tiene nada que ver» con la de Ceuta. Ventura coincide en el diagnóstico, aunque con una lectura radicalmente opuesta: en Melilla no se vivió una entrada masiva comparable a la de agosto de 2021 en Ceuta, cuando llegaron cerca de 8.000 personas en pocas horas, por lo que la escala del problema es incluso más manejable. «Aquí no tuvieron posibilidad de entrar 80.000», ironizó el vicepresidente, cuestionando así la consistencia del argumento gubernamental.

La alternativa que plantea el Gobierno central —distribuir los menores entre comunidades autónomas— tampoco se presenta como solución realista. El propio Ventura reconoció que las comunidades «no quieren oír hablar de esto», lo que deja al Ejecutivo melillense encajonado entre una administración central que bloquea las repatriaciones y unas autonomías que rechazan asumir más menores.

Ante esa situación, el Gobierno de Melilla defiende que el interés superior del menor se garantiza mejor mediante su retorno al núcleo familiar que a través de su internamiento indefinido en un centro o su traslado a una institución de acogida en otra comunidad. «Separarlos de su familia para acabar en un centro o ser criados por unas instituciones no es el mejor modelo», sostuvo Ventura, que recordó los graves incidentes registrados en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio como muestra de que la situación exige respuestas concretas y urgentes.