El Ministerio del Interior ha trasladado a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada irregular de inmigrantes en Ceuta, que ninguna documentación operativa —alertas, informes, correos electrónicos ni comunicados— le advirtió de que pudiera producirse una irrupción de la magnitud registrada el 30 y 31 de julio, cuando más de 70.000 personas cruzaron hacia la ciudad autónoma. Así consta en un informe ministerial al que ha tenido acceso la agencia EFE.

El departamento dirigido por Fernando Grande Marlaska sostiene que la información disponible antes de esas fechas describía una situación conocida y compatible con la presión migratoria habitual en periodo estival, y que las reuniones internas en las que participaron la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Secretaría de Estado de Seguridad no detectaron señales de que los medios desplegados en Ceuta pudieran verse desbordados.

Un incremento gradual que no anticipaba la ruptura del escenario

El informe ministerial describe tres escenarios de análisis previos. El primero giraba en torno a las consecuencias de una sentencia del Tribunal Supremo que imposibilitaba las devoluciones inmediatas de quienes llegaran a España a nado de forma irregular. Ante esa resolución, Interior puso en marcha un proceso de adaptación del modelo de control fronterizo, con medidas de contención marítima y refuerzo tecnológico para la detección temprana.

Los días 28 y 29 de julio ya se habían producido entradas de 713 personas por vía marítima, a las que se sumaron 850 interceptadas por las fuerzas marroquíes. Y hasta el 29 de julio las llegadas acumuladas ascendían a 3.883, una cifra que Interior interpreta como el adelanto al mes de julio de la dinámica migratoria que históricamente se concentra en agosto —en 2024 se registraron 3.851 entradas ese mes, y en 2025, 2.772—. Esa lectura llevó al Ministerio a concluir que el escenario era «perfectamente afrontable» con los medios disponibles y refuerzos progresivos.

El informe reconoce que la evolución de los datos permitía anticipar un incremento de la presión e incluso episodios puntuales de cierta entidad, pero en ningún caso apuntaba a «la ruptura súbita del escenario operativo conocido» que se produjo finalmente.

La llegada del CNI: ya entrada la noche del 30 de julio

La primera señal de inteligencia que alertaba de un posible episodio de mayor calado llegó a Interior a las 21:34 horas del propio día 30 de julio, cuando el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) remitió una nota sobre «una posible nueva entrada masiva promovida a través de llamadas en redes sociales» para el 15 de agosto. Esa información, llegada en pleno desarrollo de la crisis, marcó un punto de inflexión: la hipótesis de un episodio desbordante dejó de ser abstracta para convertirse en un riesgo documentado por la experiencia inmediata.

A raíz de ese momento, el Ministerio instaló elementos de contención fronteriza en las costas de Ceuta y Melilla, reforzó los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil y solicitó financiación a la Unión Europea. Interior también detalla en el informe seis notas confidenciales que el CNI les trasladó durante agosto alertando de posibles nuevas entradas masivas, aunque no facilita su contenido a la juez por tener clasificación de seguridad atribuida por el Ministerio de Defensa.

El informe responde a la investigación judicial

La juez Tardón abrió diligencias para esclarecer las circunstancias de las entradas irregulares en Ceuta y reclamó a Interior información sobre lo que sabía y cuándo lo sabía. La respuesta ministerial construye un relato de gradualidad y proporcionalidad en la respuesta previa, al tiempo que enmarca lo ocurrido los días 30 y 31 como un «episodio disruptivo» que configuró un escenario radicalmente nuevo, con necesidades urgentes de atención humanitaria y de seguridad que ningún indicador disponible hasta entonces hacía prever.

Interior también informa de que antes de la crisis ya había previsto instalar un Centro de Atención Temporal (CATE) provisional en Ceuta, en cumplimiento del Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, que había entrado en vigor el mes anterior y que regula procedimientos como el triaje de llegadas.