El Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a entregar antes de este miércoles a las 15:00 horas el listado de los 163.020 ciudadanos nacionalizados al amparo de la denominada Ley de Nietos cuyo derecho al voto ha sido suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, lo confirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes: «Se cumplirá el plazo y los ministerios competentes están comprometidos con los recursos necesarios».

El Alto Tribunal había trasladado el requerimiento el pasado viernes a los ministerios de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, y de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a cargo de Félix Bolaños. La resolución judicial incluía una advertencia de singular gravedad: en caso de incumplimiento, ambos ministros podrían enfrentarse a sanciones económicas e incluso a la exigencia de responsabilidades de naturaleza penal. Fue esa amenaza la que, según varias fuentes, aceleró la respuesta del Ejecutivo.

Un dispositivo extraordinario para evitar las consecuencias penales

La magnitud del operativo puesto en marcha revela la complejidad real de la tarea y, al mismo tiempo, la magnitud del problema que el propio Gobierno había generado al no disponer de esa información de forma ordenada. Los servicios consulares en todo el mundo han tenido que reforzar sus plantillas, cancelar vacaciones y suspender los permisos de fin de semana para reunir expediente a expediente los datos que el Supremo reclama. Fuentes gubernamentales reconocen que el elevado volumen de casos y la dispersión de la información en las oficinas del exterior han complicado especialmente el proceso.

El contraste es llamativo: hace apenas dos semanas, miembros del propio Consejo de Ministros admitían que no podían garantizar que los afectados pudieran ser excluidos del censo antes de los comicios. Aquella incertidumbre se ha convertido en una movilización de urgencia, lo que deja en evidencia que la respuesta inicial del Ejecutivo ante la resolución judicial fue de resistencia antes que de cumplimiento.

El origen: la Ley de Memoria Democrática y el voto en el exterior

La controversia arranca de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática que abrió la puerta a la nacionalización de descendientes de personas que perdieron o renunciaron a la ciudadanía española a causa del exilio. El Supremo ha determinado cautelarmente que 163.020 de los beneficiarios de esta vía no han acreditado suficientemente su condición de descendientes de exiliados y, por tanto, ha ordenado suspender su derecho de sufragio activo mientras se resuelve el fondo del asunto. Todos ellos figuraban en el Censo Electoral de Españoles Residentes-Ausentes (CERA).

Sánchez ha hecho de este conflicto con el Poder Judicial uno de sus argumentos de precampaña. En distintas intervenciones, el presidente ha contrapuesto la situación de los descendientes de republicanos exiliados, que según su relato quedarían excluidos del voto, frente a la de quienes, a su juicio, proceden del bando vencedor de la Guerra Civil. Se trata de una comparación que el propio Supremo no ha aceptado como argumento jurídico relevante para suspender su resolución, lo que no ha impedido que el Gobierno la repita como ariete electoral a pocas semanas del 29-N.