Un informe oficial de la Guardia Civil, fechado el 28 de octubre de 2026, contradice las cifras que el Gobierno de Pedro Sánchez ofreció sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Según ese documento, 88.146 personas regresaron a Marruecos tras cruzar la frontera, una cifra que, sumada a los más de 12.000 que permanecen en la ciudad según el cálculo más conservador, sitúa el total de entradas por encima de los 100.000 individuos en apenas 24 horas, lo que supera la propia población de la ciudad autónoma.

El Ejecutivo central no fue más allá de los 72.000 en sus comunicaciones públicas sobre el episodio, una diferencia de más de 15.000 personas respecto al dato que figura ahora en el informe policial. La discrepancia entre ambas cifras ha reavivado la polémica sobre la gestión de la crisis y la información trasladada a la ciudadanía desde Madrid.

El Gobierno ceutí denuncia que la normalidad proclamada por Sánchez no existe

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha rechazado el relato de normalización que el Ejecutivo central ha proyectado sobre la situación de la ciudad. Según Ramírez, citado por El Faro de Ceuta, la realidad cotidiana sigue marcada por problemas de seguridad, una presión continuada sobre los servicios públicos y la falta de avances concretos en las devoluciones a Marruecos. Las autoridades locales consideran que la imagen ofrecida desde Madrid no se corresponde con lo que experimentan los vecinos de la ciudad.

La entrada masiva del pasado verano ha derivado en una crisis de gestión prolongada. Con más de 12.000 personas aún en Ceuta, los recursos municipales y los cuerpos de seguridad afrontan una situación que las instituciones locales califican de insostenible a largo plazo. Las devoluciones pactadas con Marruecos avanzan a un ritmo que las autoridades ceutíes consideran insuficiente para normalizar la situación en un plazo razonable.

La publicación del informe de la Guardia Civil coincide con el inicio de la precampaña electoral de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, lo que añade un componente político de primer orden a la controversia. La gestión de la crisis migratoria en Ceuta se convierte así en uno de los ejes del debate entre el Gobierno y la oposición en las semanas previas a la cita con las urnas.