Los Mossos d'Esquadra han desarticulado una organización criminal dedicada a cobrar cantidades de entre 10.000 y 30.000 euros a inmigrantes a cambio de facilitarles el acceso a Catalunya mediante contratos de trabajo fraudulentos. La operación ha concluido con la detención de 50 personas vinculadas a la red, que habría acumulado más de 3,2 millones de euros con este sistema de falsificación documental.

Según la investigación policial, la organización ofrecía a ciudadanos extranjeros documentación laboral ficticia que les permitía acreditar un vínculo con empresas catalanas, con el objetivo de regularizar su situación o facilitar su entrada al territorio. Los precios variaban en función del perfil del cliente y del tipo de contrato ofrecido, llegando en algunos casos a los 30.000 euros por persona.

Contratos ficticios vinculados a empresas reales

El modus operandi de la red consistía en utilizar datos de empresas existentes para confeccionar contratos laborales que nunca se habían formalizado en la realidad. Las víctimas pagaban las cuantías acordadas confiando en que esa documentación les proporcionaría cobertura legal, sin que en ningún momento existiera una relación laboral efectiva. La investigación apunta a que la organización contaba con una estructura jerarquizada que coordinaba tanto la captación de clientes como la elaboración y distribución de los documentos falsificados.

Los 50 detenidos han quedado a disposición de la autoridad judicial. La operación, cuyos detalles completos no han sido facilitados en su totalidad por los Mossos, pone de relieve la existencia de redes que se aprovechan de la vulnerabilidad de personas en situación irregular para lucrarse con importes muy elevados, dejando a las víctimas expuestas a consecuencias legales derivadas del uso de documentación falsa.