El Sindicat de Llogateres ha presentado una demanda judicial contra el Ayuntamiento de Barcelona por su gestión de los pisos de protección oficial en un edificio de la calle Consell de Cent. La entidad acusa al consistorio de no obligar a la empresa promotora a reservar el 30% de los habitáculos a vivienda protegida, tal y como establece la normativa vigente.

Según el sindicato, el incumplimiento de esa cuota —contemplada como obligatoria en la regulación urbanística para determinadas promociones en la ciudad— priva a potenciales beneficiarios de acceder a viviendas asequibles en un mercado inmobiliario donde los precios de alquiler se mantienen en máximos históricos.

La denuncia judicial sitúa en el punto de mira la capacidad del Ayuntamiento de Barcelona para hacer cumplir su propia normativa de vivienda protegida a los promotores privados, en un contexto en el que la escasez de parque asequible es uno de los principales problemas habitacionales de la ciudad.