Adif conocía al menos desde 2024 que existía un riesgo clasificado internamente como «catastrófico» e «intolerable» en la vía donde se produjo el accidente de Adamuz, y sin embargo no adoptó las medidas correctoras necesarias para eliminarlo. Así lo concluye la investigación sobre el siniestro, cuyos resultados contradicen las explicaciones que el gestor de infraestructuras ferroviarias había ofrecido hasta ahora sobre el estado de la línea.

Según la información de referencia, la renovación de los sistemas de señalización llevada a cabo en ese tramo no fue suficiente para subsanar la deficiencia ya detectada. Es decir, Adif acometió trabajos de mejora en la infraestructura pero sin resolver el problema de fondo que sus propios técnicos habían catalogado con el máximo nivel de peligrosidad.

Una clasificación de riesgo que obliga a actuar de inmediato

En los sistemas de gestión de seguridad ferroviaria, la combinación de los términos «catastrófico» e «intolerable» no es retórica: sitúa un peligro en el umbral más alto de la escala de riesgos y, según los protocolos estándar del sector, impone la obligación de intervenir de forma prioritaria y sin demora. Que ese diagnóstico estuviera documentado y que la vía siguiera operando en las mismas condiciones es el eje central de la investigación.

La revelación pone en una posición muy comprometida al Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente, que tutela a Adif como entidad pública. La dirección del organismo deberá explicar por qué, una vez identificado el riesgo, no se paralizó la circulación o se impusieron restricciones de velocidad en ese punto hasta resolver la deficiencia.

El accidente de Adamuz y las responsabilidades pendientes

El accidente de Adamuz, ocurrido en la provincia de Córdoba, dejó víctimas y generó una amplia demanda de explicaciones sobre el estado real de la red ferroviaria española. La investigación ahora divulgada añade un elemento de peso a ese debate: no se trataría de un fallo imprevisto, sino de una deficiencia conocida, documentada y sin corregir durante más de un año.

La contradicción entre lo que Adif sabía y lo que trasladó públicamente tras el siniestro es el punto que la investigación pone más en evidencia. Los documentos internos que acreditan esa clasificación de riesgo «catastrófico» se convirtieron en la prueba central de que las explicaciones oficiales no se ajustaban a la realidad conocida por los responsables del organismo.