La Fiscalía Europea (EPPO) ha puesto en marcha una operación conjunta con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación con el accidente ferroviario de Urda (Toledo), y ha solicitado documentación a tres organismos públicos: Adif, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Se trata de una segunda línea de investigación abierta por el organismo comunitario, centrada esta vez en un posible fraude en la gestión de fondos europeos destinados a las obras del AVE.

La actuación de la Fiscalía Europea abre un frente institucional de primer orden. El EPPO tiene competencia para investigar delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, lo que sitúa el foco en si los fondos comunitarios asignados a las infraestructuras ferroviarias implicadas en el siniestro fueron gestionados con arreglo a la normativa aplicable.

Tres organismos bajo el escrutinio de Bruselas

La reclamación de documentación a Adif —el administrador de infraestructuras ferroviarias dependiente del Ministerio de Transportes— sitúa en el centro del procedimiento a la entidad pública responsable de la construcción y el mantenimiento de la línea donde se produjo el accidente. La petición se extiende también al Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador del gasto público español, y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, encargada de supervisar que las instalaciones y los procedimientos cumplen la normativa técnica vigente.

La participación de la UCO en la operación añade una dimensión policial a la investigación, ya que esta unidad de élite de la Guardia Civil está especializada en análisis forense de documentación compleja y en la instrucción de causas de carácter económico y financiero. Su intervención junto con la Fiscalía Europea es habitual en casos donde se sospechan irregularidades en la contratación pública o en la justificación del gasto ante instituciones comunitarias.

El accidente de Urda y su rastro judicial

El siniestro de Urda, ocurrido en la línea de alta velocidad a su paso por la provincia de Toledo, generó desde el primer momento interrogantes sobre el estado de las infraestructuras y los protocolos de seguridad aplicados. La apertura de esta segunda investigación por parte del EPPO indica que los indicios recogidos hasta ahora apuntan no solo a posibles responsabilidades penales en el ámbito interno, sino también a irregularidades en la rendición de cuentas ante la Unión Europea por los fondos empleados en las obras.

El Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, no ha emitido hasta el momento ninguna valoración pública sobre la operación de la Fiscalía Europea ni sobre la documentación reclamada a Adif.