La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) identificó presuntas irregularidades en 11 adjudicaciones de contratos públicos valoradas en conjunto en 900 millones de euros, todas ellas tramitadas entre 2018 y 2021 desde el Ministerio de Transportes mientras lo dirigía José Luis Ábalos. El extenso informe, de 490 páginas, fue entregado el 5 de junio de 2025 al instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, quien ese mismo día abrió una pieza separada que declaró secreta.

La investigación que culminó con la operación del jueves arranca, por tanto, de los datos que el empresario Víctor Aldama aportó ante el Supremo y que permitieron a la UCO ampliar el foco más allá de la compra de mascarillas durante la pandemia, el hilo del que tiraron inicialmente los investigadores del caso Koldo. Según los indicios recogidos en el informe, el ministerio habría favorecido de forma recurrente a determinadas empresas en la adjudicación de contratos de obras públicas.

De las mascarillas a las obras: la expansión del caso Koldo

El caso Koldo arrancó con la investigación sobre la venta de material sanitario en plena pandemia, un negocio en el que la trama liderada por el asesor Koldo García habría cobrado comisiones millonarias. Sin embargo, los datos aportados por Aldama pusieron sobre la mesa que las presuntas mordidas no se habrían limitado a aquel episodio, sino que se habrían extendido a la contratación de obras de infraestructuras. Esta rama de la investigación se sustancia ahora en la Audiencia Nacional, en una pieza separada del procedimiento principal.

La operación del jueves incluyó registros en el domicilio de Ábalos, la detención del que fue chófer personal de Pedro Sánchez y una petición de información dirigida a Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias dependiente del Ministerio de Transportes. La UCO se personó también en otras ubicaciones relacionadas con la investigación para incautarse de documentación.

El PP calificó los registros como «la traca final» de Sánchez y reclamó su salida de las instituciones, según declaraciones recogidas por los medios presentes en los registros. Ábalos, que perdió su condición de aforado al renunciar al escaño, es investigado en la Audiencia Nacional dentro de esta rama de la causa.