La Generalitat de Catalunya dispondrá a partir de ahora de un instrumento legal para penalizar económicamente a Renfe cuando la operadora incumpla los estándares de calidad y puntualidad fijados en el contrato programa que ambas partes aprobaron esta semana. La cuantía máxima de las sanciones se fija en cinco millones de euros anuales, y quedan excluidas del régimen sancionador las incidencias causadas por problemas en la infraestructura ferroviaria o por actos de vandalismo, que son responsabilidad de Adif o de terceros.

El acuerdo fue ratificado en el Consell Executiu del Govern y en el consejo de administración de Renfe Viajeros, y todavía debe pasar por la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales antes de quedar formalmente en vigor, trámite que se prevé completar antes de las próximas elecciones catalanas.

Una capacidad que el Govern tenía sobre el papel pero nunca había ejercido

La Generalitat es la titular formal del servicio de Rodalies desde 2010, pero hasta ahora carecía en la práctica de mecanismos efectivos para fiscalizar la gestión diaria de Renfe ni para exigirle responsabilidades económicas por los reiterados problemas de puntualidad que han padecido los viajeros. Según la información disponible, dentro de los propios gobiernos independentistas hubo consellers de Territori que impulsaron internamente la firma de este contrato programa precisamente por esa razón, aunque la dirección política lo bloqueó en reiteradas ocasiones por considerarlo incompatible con el relato soberanista.

Esa parálisis tiene un coste que ahora queda a la vista: durante años, los usuarios de Rodalies han soportado deficiencias de servicio sin que el Govern contara con ninguna palanca contractual para presionar a la operadora. La incapacidad de ERC y Junts para separar la gestión ordinaria de los servicios públicos de sus cálculos políticos tiene una traducción concreta en la calidad del transporte público que reciben los ciudadanos.

Una compensación de 1.400 millones y mejoras que ahora quedan blindadas

El contrato programa cubre el periodo 2026-2028 y prevé una compensación del Gobierno central a Renfe de 1.407,6 millones de euros. En ese contexto, la sanción máxima de cinco millones anuales es modesta en términos absolutos, aunque su valor radica sobre todo en que establece por primera vez un sistema de rendición de cuentas formal entre la Generalitat y la operadora.

El acuerdo también consolida como servicio base —y por tanto inamovible y sin disputas sobre quién lo financia— un paquete de mejoras valorado en 30 millones de euros anuales que ha sido objeto de litigios durante una década. Entre esas mejoras figura la creación de la línea R8 y el refuerzo de la oferta en la R1. La financiación de ese paquete fue objeto de sentencia judicial y acabó siendo incluida en el acuerdo de investidura de 2023, que trasladó la factura de los impagos acumulados al Ministerio de Transportes.

El contrato programa sienta además las bases para la transición hacia la empresa mixta Rodalies de Catalunya, el nuevo operador que deberá asumir la gestión del servicio en 2029.