El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dejado sin efecto el procesamiento de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig por malversación y ha remitido el asunto a la sala penal del alto tribunal, presidida por Manuel Marchena. La decisión, adoptada en el marco de la aplicación de la ley de amnistía aprobada en 2024, convierte a Marchena en el último escollo antes de que la amnistía de Puigdemont pueda quedar definitivamente consolidada.

Llarena, que hasta ahora era el juez instructor del procedimiento, traslada así la decisión final sobre la aplicación de la amnistía a los magistrados de la sala segunda. Esa sala deberá determinar si los hechos por los que fue procesado el líder de Junts quedan efectivamente amparados por la norma aprobada por las Cortes Generales con los votos, entre otros, de los partidos independentistas catalanes.

El papel de Marchena, clave en el desenlace del proceso

La sala penal del Tribunal Supremo que preside Marchena ya fue protagonista del juicio del procés, en el que condenó a los líderes independentistas por sedición y malversación. Ahora le corresponde pronunciarse sobre si la amnistía cubre los mismos hechos que entonces fundamentaron aquellas condenas. La resolución de Llarena acota el debate jurídico y lo sitúa en manos de ese tribunal colegiado, cuya decisión será determinante para el futuro judicial de Puigdemont.

Junto al expresident, también quedan afectados por este trámite el exconseller Toni Comín y el exdirector de los Mossos d'Esquadra Lluís Puig, ambos residentes fuera de España desde 2017. Los tres habían sido procesados por los mismos cargos que ahora Llarena deja en suspenso a la espera de que la sala penal se pronuncie sobre la amnistía.

La ley de amnistía, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo parlamentario de Junts y ERC, ha sido objeto de múltiples recursos e interpretaciones judiciales desde su aprobación. Varios tribunales han planteado cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que ha añadido incertidumbre sobre su aplicación definitiva. La decisión que tome ahora la sala de Marchena se produce en ese contexto de litigiosidad abierta y tendrá valor como referente jurídico para el conjunto del proceso.