El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha redactado una ponencia en la que contradice frontalmente la posición del Tribunal Supremo respecto a la ley de amnistía. Según ha adelantado el diario Ara, el texto —elaborado con motivo del recurso de amparo presentado por la exconsellera de Treball Dolors Bassa— concluye que extender la amnistía a los delitos de malversación derivados del procés es «la única cosa conciliable» con «las reglas de la lógica y del sentido común».

La ponencia, que aún no ha sido debatida por el pleno del Constitucional, añade que esa interpretación es también la única coherente con «el espíritu y la finalidad» de la ley, así como con «su propia génesis». Con ello, Conde-Pumpido traza una línea de choque directo con la doctrina que ha sostenido el Supremo, que se ha negado reiteradamente a aplicar la amnistía a los delitos económicos vinculados a la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Un pulso institucional que puede redefinir el alcance real de la amnistía

El enfrentamiento entre los dos altos tribunales en torno a la ley de amnistía lleva meses latente, pero esta ponencia lo lleva a un nuevo nivel de explicitación. Si el pleno del Constitucional avala la tesis de Conde-Pumpido, el Supremo quedaría obligado a revisar su criterio sobre la malversación, con consecuencias directas para los condenados o investigados que aún tienen causas pendientes de resolución definitiva.

Que el máximo intérprete de la Constitución adopte como criterio propio el «sentido común» para rebatir al órgano que encabeza la cúspide de la jurisdicción ordinaria no es un gesto retórico menor. Supone una toma de posición institucional de primer orden sobre una norma que nació rodeada de una aguda controversia jurídica —y cuya tramitación parlamentaria fue criticada por juristas de diversas orientaciones precisamente por su vocación de encaje a medida para los líderes del procés.

La ley de amnistía fue aprobada en 2024 con el respaldo de los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellos ERC y Junts, partidos que la reclamaron como condición para facilitar la investidura. Su aplicación práctica ha resultado mucho más litigiosa de lo que sus promotores anticipaban, dado que el Supremo se ha negado a amnistiar la malversación al entender que los fondos públicos desviados para organizar el referéndum quedaban fuera del ámbito de la norma.

Una ponencia que todavía no tiene el respaldo del pleno

La ponencia de Conde-Pumpido es el documento de trabajo que él, como magistrado ponente, ha elaborado para someter al debate del pleno. No es, por tanto, una resolución firme del Constitucional. El resultado final dependerá de los votos de los doce magistrados que componen el tribunal, donde la mayoría progresista —la misma que respaldó la constitucionalidad de la propia ley de amnistía— tiene posibilidades reales de imponerse.

El caso de Dolors Bassa, exconsellera condenada en la sentencia del procés de 2019, es uno de los varios recursos de amparo que el Constitucional tiene sobre la mesa relacionados con la aplicación de la amnistía. La resolución de estos amparos marcará, en la práctica, quién tiene la última palabra sobre el alcance de una ley que ha convertido la relación entre el Supremo y el Constitucional en uno de los focos de tensión institucional más persistentes de la legislatura.