La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha levantado la suspensión del procedimiento contra doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de pertenencia a organización terrorista. El tribunal, que había paralizado la causa en septiembre de 2024 mientras esperaba una respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha decidido reanudar el proceso ahora que esa resolución está sobre la mesa.

Antes de pronunciarse sobre si procede aplicar la ley de amnistía a los encausados, los magistrados han concedido un plazo común de diez días al Ministerio Fiscal y al resto de partes personadas para que presenten alegaciones escritas, circunscritas exclusivamente al alcance y los efectos de la sentencia del TJUE sobre la cuestión de amnistía que aún está pendiente de decisión.

Por qué se suspendió y qué cambia ahora

La suspensión acordada en septiembre de 2024 respondía a una cuestión prejudicial que la propia Sala de lo Penal elevó al TJUE. Los magistrados querían saber si la ley de amnistía española podía colisionar con el derecho de la Unión Europea, concretamente con las directivas europeas de lucha contra el terrorismo y con el principio de seguridad jurídica. Al haberse pronunciado ya el tribunal europeo, la causa recupera su curso normal.

El auto señala con precisión que el procedimiento continúa en el mismo estadio procesal en que quedó congelado, lo que significa que el siguiente paso formal es resolver ese artículo de previo pronunciamiento sobre la amnistía, una vez recibidas las alegaciones de todas las partes sobre cómo interpretar la sentencia del TJUE.

Los doce acusados, vinculados a una célula conocida internamente como Democratic Tsunami, afrontan cargos de pertenencia a organización terrorista relacionados con los disturbios que siguieron a la sentencia del procés en 2019. La posibilidad de que la amnistía cubra delitos de naturaleza terrorista ha sido, precisamente, uno de los aspectos más controvertidos desde que la ley entró en vigor, y el debate sobre su compatibilidad con el ordenamiento europeo sigue siendo el nudo central de esta causa.