El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, entró el sábado abiertamente en polémica con el Tribunal Supremo al poner en duda la solidez jurídica de la decisión del alto tribunal de suspender cautelarmente el derecho a voto de las personas que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la llamada ley de nietos, derivada de la legislación de memoria democrática. «Es muy discutible jurídicamente», afirmó el ministro, con una contundencia inusual tratándose de una resolución judicial firme.

La suspensión cautelar adoptada por el Supremo afecta a un colectivo de personas —en su mayoría descendientes de exiliados del franquismo, muchos de ellos residentes en América Latina— que accedieron a la nacionalidad española a través de ese cauce legal y que, en virtud de esa medida judicial, quedan temporalmente apartados del ejercicio del sufragio. La decisión del tribunal responde a un recurso que cuestiona la constitucionalidad de ese procedimiento de nacionalización.

Un ministro que cuestiona al árbitro

La intervención de Bolaños no es inocua. Que un miembro del Gobierno —y precisamente el responsable de Justicia— salga a desautorizar públicamente el razonamiento jurídico de un tribunal del nivel del Supremo es una decisión de alto voltaje institucional. El Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva meses en tensión con el poder judicial, y este episodio añade un capítulo más a ese pulso. La crítica de Bolaños puede leerse como presión política sobre los magistrados o, en el mejor de los casos, como un aviso de que el Gobierno impugnará o matizará la resolución por vía procesal.

Desde una perspectiva de respeto a la separación de poderes, la actitud del ministro merece cuando menos un escrutinio cuidadoso. Una cosa es que el Gobierno discrepe de una resolución judicial —algo perfectamente legítimo— y otra muy distinta es que el titular de Justicia utilice un micrófono público para minar la autoridad del tribunal antes de que este haya resuelto el fondo del asunto. El Supremo ha adoptado una medida cautelar, no una sentencia definitiva, y los mecanismos procesales para combatirla están precisamente al alcance del Estado.

La ley de nietos, en el centro del debate

La norma en cuestión amplió significativamente el acceso a la nacionalidad española para descendientes de quienes la perdieron o se vieron forzados a abandonar el país durante la Guerra Civil y la dictadura. Su aprobación fue celebrada por el Gobierno como un acto de reparación histórica, y ha permitido que decenas de miles de personas —especialmente en Argentina, Cuba o México— tramiten su documentación española. Que ahora el Supremo congele cautelarmente uno de los derechos más básicos que lleva aparejada esa nacionalidad —el voto— es un golpe político y simbólico de primer orden para el Ejecutivo.

Lo que está por determinar es si esa suspensión se sostiene cuando el tribunal entre en el fondo: si la ley que permitió esas nacionalizaciones es o no conforme a la Constitución. Mientras tanto, miles de personas se encuentran en una situación jurídicamente anómala: son españoles de pleno derecho según la ley vigente, pero no pueden ejercer uno de los derechos fundamentales que esa condición conlleva.