El Tribunal Especial para Kosovo, con sede en La Haya, ha dictado sentencia contra Hashim Thaçi: 25 años de prisión por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos cuando comandaba el Ejército de Liberación de Kosovo durante el conflicto armado de 1998-1999. El veredicto cierra un proceso judicial que llevaba años en marcha y que ha confirmado lo que muchos sabían pero pocos querían pronunciar en voz alta durante los años en que Thaçi gozó de reconocimiento internacional como figura clave en la construcción del Kosovo independiente.

Los crímenes por los que ha sido condenado son de una gravedad excepcional: el asesinato de 96 opositores políticos y de personas señaladas como colaboradoras con Serbia, la detención ilegal de 385 personas, torturas a 303 de ellas y otros tratos degradantes documentados por el tribunal. No se trata de daños colaterales de una guerra —categoría ya de por sí moralmente compleja—, sino de una violencia deliberada y sistemática ejercida contra civiles y disidentes internos, lo que sitúa estos hechos en la categoría más grave del derecho penal internacional.

El héroe que resultó ser un criminal de guerra

Durante años, Thaçi fue tratado en capitales occidentales como un interlocutor legítimo, un líder que había luchado contra la represión serbia y que luego condujo a Kosovo hacia la independencia declarada en 2008. Fue presidente del país entre 2016 y 2020, cuando tuvo que dimitir precisamente al ser imputado por este tribunal. Su trayectoria ilustra una contradicción que el mundo democrático ha preferido ignorar con frecuencia: que algunos de quienes protagonizaron conflictos armados bajo narrativas de liberación cometieron, simultáneamente, crímenes que merecen ser juzgados con el mismo rigor que se aplica a sus adversarios.

El Tribunal Especial para Kosovo fue creado precisamente para investigar los crímenes del UCK —no los de las fuerzas serbias, que ya habían sido objeto de otros procedimientos internacionales—, lo cual hace de esta sentencia un hito en términos de equidad judicial: la comunidad internacional reconociendo que la etiqueta de víctima colectiva no exime a los individuos de rendir cuentas por sus actos concretos.

Una condena que llega tarde, pero llega

Que la sentencia se haya producido más de dos décadas después de los hechos no la invalida, aunque sí obliga a una reflexión incómoda. Durante ese tiempo, Thaçi no solo estuvo en libertad, sino que fue recibido en Bruselas, Washington y otras capitales con todos los honores reservados a los jefes de Estado. Esa impunidad de facto durante veinte años tiene un coste político y moral que ninguna sentencia puede deshacer del todo.

La pena de 25 años es la máxima que puede imponer este tribunal. Para las víctimas —las 96 personas asesinadas, las 385 detenidas ilegalmente, las 303 torturadas—, la condena no devuelve nada. Pero establece un precedente que debería pesar en la conciencia de quienes, en el futuro, se vean tentados a mirar hacia otro lado cuando el criminal lleva en el pecho la bandera correcta.