Los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados han emitido un informe que avala la apertura de un procedimiento disciplinario contra la diputada popular Ana Vázquez por introducir un bote de gas pimienta en el hemiciclo la semana pasada. La Mesa de la Cámara estudiará el documento este martes y deberá decidir si formaliza el expediente, que podría culminar en una suspensión temporal del escaño.

El núcleo del argumento jurídico es la clasificación del objeto. Los letrados sostienen que un pulverizador de gas pimienta debe ser tratado como un arma a efectos del Reglamento del Congreso, y que el artículo 101 de dicha norma permite suspender a un diputado por portar armas en el recinto, con independencia de que las use como amenaza, de que cause daño o de que el resto de parlamentarios se sientan en peligro. La mera tenencia del objeto en el interior de la Cámara es, según este criterio, constitutiva de infracción.

Versiones contradictorias y una activación accidental con quince afectados

El episodio no concluyó cuando la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ordenó a Vázquez abandonar el pleno tras exhibir el spray durante una pregunta al ministro del Interior sobre la inseguridad en Ceuta. A partir de ahí, la secuencia de hechos empeoró de forma considerable. La diputada entregó el bote a un trabajador del PP, quien lo llevó a unos aseos de un edificio de ampliación de la Cámara. Allí, según la explicación facilitada posteriormente, se intentó limpiarlo, y el pulverizador se activó hasta en tres ocasiones. El gas se propagó por los conductos de ventilación, obligando a precintar varias dependencias.

Las consecuencias materiales y sanitarias quedaron recogidas en el propio informe de los letrados: quince personas fueron atendidas por el gabinete médico del Congreso, una trabajadora de restauración tuvo que ser evaluada por los servicios médicos de su mutua, y tres afectados han presentado denuncia. Entre los perjudicados figura también una integrante de la delegación del Parlamento de Mauritania que se encontraba de visita en la Cámara y que sufrió irritación y vómitos. El cierre temporal del restaurante del Congreso generó un perjuicio de algo más de 800 euros según la empresa contratista.

A todo ello se suma un detalle relevante que recogen las grabaciones de seguridad: Vázquez continuó teniendo el spray en su poder durante más de una hora después de que Armengol le ordenara entregarlo a la Policía. A las once de la mañana seguía mostrándolo ante los medios de comunicación. No fue hasta las 12.15 horas cuando lo depositó finalmente en la comisaría del Congreso, tras recibir Armengol instrucciones de que se lo requisaran. La diputada había ofrecido inicialmente versiones que ella misma reconoció después como inexactas.

El procedimiento, con garantías y recorrido largo

Los letrados subrayan que la apertura del expediente no equivale a una sanción automática. Vázquez tendrá derecho a ser escuchada y a presentar alegaciones antes de que la Mesa formule, en su caso, una propuesta de resolución. La decisión final correspondería al Pleno de la Cámara, lo que otorga al proceso un recorrido institucional más extenso y con varias fases de garantía.