El sistema penitenciario catalán lleva años enviando señales de alarma que ningún responsable político ha querido escuchar con la seriedad que el problema merece. A 31 de agosto, las prisiones gestionadas por la Generalitat albergaban 9.597 internos frente a una capacidad total de 10.016 plazas. Un 95% de ocupación que, en la práctica, equivale a operar sin margen: cualquier repunte sostenido de ingresos en los próximos meses pondría al sistema directamente en situación de colapso.

El dato que más debería preocupar a quienes tienen la responsabilidad de gobernar no es la fotografía de hoy, sino la tendencia de los últimos cinco años. Desde ese período, la población reclusa en Catalunya ha crecido en 1.800 personas. No estamos ante una fluctuación puntual ni ante el efecto estadístico de un año atípico, sino ante un crecimiento sostenido que la Generalitat ha gestionado —o más bien ignorado— sin ampliar de forma significativa la oferta de plazas.

Una presión que no admite lecturas simplistas

Conviene ser riguroso con los datos antes de sacar conclusiones apresuradas. La propia información disponible advierte explícitamente contra relacionar de forma directa este aumento con la inmigración, dado que el pico histórico de internos en las cárceles catalanas se alcanzó en un contexto diferente al actual. El problema es estructural, no coyuntural, y merece un análisis que vaya más allá del titular fácil.

Precisamente por eso resulta llamativo que el Departament de Justícia de la Generalitat no haya puesto sobre la mesa ningún plan de choque creíble para afrontar esta saturación. Gestionar un sistema penitenciario no consiste solo en abrir y cerrar celdas: implica garantizar condiciones dignas de reclusión, programas de reinserción operativos y una ratio de profesionales —funcionarios de vigilancia, trabajadores sociales, psicólogos— que no quede desbordada por el volumen de internos. A un 95% de capacidad, todas esas variables se resienten.

La Generalitat, competente y ausente

Catalunya es la única comunidad autónoma española que tiene transferidas las competencias en materia de prisiones. Eso significa que la responsabilidad de lo que ocurre dentro de esas cárceles es íntegramente del Govern, sin posibilidad de derivarla hacia Madrid. Durante años, esa singularidad se ha reivindicado como una seña de identidad institucional y una prueba de madurez autonómica. Si las competencias son propias, también lo son los problemas derivados de no ejercerlas con suficiente previsión.

El incremento de 1.800 reclusos en cinco años no ha venido acompañado de una inversión equivalente en infraestructura penitenciaria ni en plantilla. La consecuencia es la que muestran los números del propio Departament: un sistema que llega al otoño con prácticamente todas sus plazas cubiertas y sin capacidad de absorción ante cualquier eventualidad. Eso no es una política penitenciaria; es dejar que el tiempo gestione solo lo que los responsables políticos no han querido abordar.