La magistrada que instruye la causa penal por el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz (Córdoba) ha ordenado a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Córdoba que esté presente y supervise físicamente cualquier actuación de los técnicos de Adif sobre los vagones siniestrados. La decisión, recogida en una providencia fechada en el juzgado de Montoro, responde al temor de la juez a que se repita la retirada de material del lugar de los hechos que ya se produjo sin autorización judicial en la madrugada del 22 al 23 de enero.

La providencia autoriza a los peritos de Adif a realizar una inspección ocular de los ocho primeros coches del tren, limitada exclusivamente al reportaje fotográfico y audiovisual. Cualquier otra manipulación de los vagones o de los elementos asociados queda expresamente prohibida. Para garantizarlo, la Guardia Civil deberá estar presente durante toda la diligencia.

Adif quiso ampliar el equipo técnico nueve días después de designar a los peritos

El origen del conflicto procesal se remonta a finales de octubre. El 20 de ese mes, la empresa pública designó a cinco personas de su Dirección de Mantenimiento y a otras cinco de la Dirección de Circulación para ejecutar la inspección. Nueve días más tarde, remitió un segundo escrito al juzgado en el que informaba de que incorporaría además un equipo multidisciplinar de TÜV —la entidad de inspección técnica alemana— y solicitaba que dos técnicos internos adicionales pudieran asistir como observadores para prestar, según argumentó, «asesoramiento técnico» durante la diligencia.

La juez ha rechazado esta ampliación. Considera que los especialistas ya designados son suficientes para una actuación de carácter meramente visual y advierte de que la presencia de asistentes ajenos podría interferir en el desarrollo correcto de la diligencia. Los peritos deberán plasmar sus conclusiones en un informe que se incorporará al procedimiento y quedará a disposición de todas las partes personadas.

Antecedentes: material retirado del lugar sin permiso judicial

El episodio que motivó esta cautela extrema ocurrió apenas horas después del accidente. Técnicos de Adif retiraron cupones de raíl del lugar del siniestro y los trasladaron a la base de mantenimiento de la empresa en Hornachuelos (Córdoba), según constató la Policía Judicial tras tomar declaración al responsable de dicha base. Este confirmó que actuó siguiendo una orden verbal de su jefe de área, sin ninguna autorización judicial de por medio. La instructora ordenó la restitución inmediata del material y advirtió de posibles responsabilidades penales si no se cumplía.

Los peritos alertan de deformaciones y de la falta de documentación sobre las obras de emergencia

Paralelamente, los peritos judiciales han trasladado a la instructora varias alertas de calado. En primer lugar, señalan que carecen de cualquier documentación relativa a las obras de emergencia con las que Adif reconstruyó la infraestructura tras el accidente. En segundo lugar, han detectado deformaciones en al menos tres planos de la vía en ese mismo tramo ya rehecho.

Los técnicos apuntan que los aparatos de vía 631 y 632, donde se están ejecutando nuevos trabajos, son del mismo tipo que el aparato A645 que estuvo involucrado en la colisión. Subrayan además que las obras de renovación del tramo se realizaron el 19 de diciembre, apenas treinta días antes del accidente del 18 de enero, y que la infraestructura se encontraba todavía en periodo de garantía —de dos años— en el momento del siniestro.

Para completar su investigación, los peritos han reclamado a la juez los informes de auscultación del tramo de Adamuz, tanto los anteriores como los posteriores al accidente, además del expediente de compra de balasto para la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y toda la documentación relativa a las obras de emergencia de las que, hasta ahora, no disponen de ningún papel.