Claves
- El SCF convocará paros en Adif en cuanto los plazos legales lo permitan
- El CRC de Atocha trabaja con un 20% menos de personal del necesario, según el sindicato
- El impacto en la circulación será limitado por los servicios mínimos obligatorios
- El ministro Puente calificó de 'errónea' la decisión de los controladores el día del accidente
El Sindicato de Circulación Ferroviaria (SCF) prepara la convocatoria de paros en Adif para denunciar las condiciones laborales que, según sus representantes, afectan a la seguridad del sistema ferroviario español. La movilización se producirá en cuanto los plazos legales lo permitan y llega días después del accidente de alta velocidad de Urda (Toledo), en el que una colisión entre un AVE y un tren de Iryo se saldó con víctimas mortales.
El colectivo prevé presentar primero el asunto ante la comisión de conflictos —el órgano paritario donde empresa y representantes sindicales debaten sus discrepancias— antes de formalizar los paros. Aunque el impacto real sobre la circulación de trenes será limitado —los servicios mínimos obligan a que todos los controladores estén en su puesto, salvo personal de gestión y empleados en prácticas—, el sindicato considera que la convocatoria es necesaria para visibilizar problemas que lleva años denunciando.
Un déficit de plantilla denunciado antes del accidente
Según el SCF, el Centro de Regulación y Control (CRC) de Atocha opera con una plantilla un 20% inferior a la que sería precisa para garantizar un nivel óptimo de seguridad. El propio sindicato había alertado de esta situación en un comunicado publicado apenas unos días antes del accidente de Urda, en el que señalaba que no se cubren todos los puestos y turnos, en especial los de Actividades Complementarias, lo que provoca el incumplimiento de pausas obligatorias frente a pantallas. A ello se suma, según los controladores, un aumento de incidencias en la red que complica la gestión del tráfico.
Los trabajadores también apuntan a presiones internas para reanudar la circulación con la mayor rapidez posible cuando se producen interrupciones, con el objetivo de evitar el pago de indemnizaciones por retrasos a los viajeros.
El cruce de versiones con el ministro Puente
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido que el sistema de seguridad automático LZB estaba fuera de servicio en el momento del accidente debido a un fallo informático, si bien ha calificado ese tipo de caída como algo que «entra dentro de la normalidad» y para lo que el Reglamento de Circulación establece protocolos específicos. Puente ha descartado hablar de cadena de fallos, aunque la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sí apunta esa posibilidad en su primera nota sobre el siniestro. El ministro ha señalado que los controladores tomaron una decisión «errónea» al autorizar al AVE a reanudar la marcha mientras el Iryo permanecía detenido en la vía, sin llegar a atribuirles formalmente la responsabilidad del accidente.
Los controladores rechazan ese planteamiento y se consideran señalados como chivo expiatorio de una tragedia cuyas causas estructurales, a su juicio, van más allá de las decisiones individuales tomadas aquella jornada. Aunque los paros no impedirán la gestión de trabajos de mantenimiento urgentes —como reparaciones de carril o correcciones ineludibles—, sí podrían afectar a autorizaciones para obras en estaciones o a la habilitación parcial de tramos en rehabilitación.
Esta información se ha elaborado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial a partir de fuentes informativas contrastables, bajo la responsabilidad editorial de El Riu.


