La patronal CEOE y su rama de pequeña empresa Cepyme han denunciado públicamente que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, anunciada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, responde a un cálculo político vinculado a las elecciones generales del 29 de noviembre, y no a una decisión técnica adoptada con las garantías propias del diálogo social.

El incremento propuesto es del 5,3%, lo que elevaría el SMI hasta los 18.004 euros anuales, unos 900 euros más que el nivel actual. Las organizaciones empresariales no cuestionan únicamente el porcentaje, sino la forma en que se tomó la decisión: el Ministerio convocó el miércoles a los agentes sociales para presentarles el informe de los expertos —que, según denuncian las patronales, ya había sido filtrado a los medios—, pero no presentó ninguna propuesta formal en esa reunión. Horas después, ya entrada la noche, el departamento de Díaz hizo pública la cifra a través de la prensa.

Las patronales piden esperar al Gobierno que salga de las urnas

Tanto la CEOE como Cepyme sostienen que la decisión correcta habría sido dejar esta subida en manos del Ejecutivo que resulte de las elecciones, independientemente de su signo político, y adoptarla antes de que concluya 2026, respetando los plazos legales establecidos. En su comunicado, las patronales subrayan que este enfoque permitiría además disponer de indicadores económicos más precisos, especialmente en un contexto de incertidumbre como el actual, en el que los datos definitivos de inflación todavía no están disponibles.

Los empresarios rechazan el argumento del Ministerio de que no había alternativa a actuar ahora. «Sí existe una alternativa: actuar con lealtad institucional, esperar al resultado electoral y adoptar la decisión con mayor información técnica», señalan en su comunicado.

El impacto sobre pymes, cuidadores y contratos públicos

La CEOE y Cepyme advierten de que el impacto de esta medida recaerá de forma desproporcionada sobre las pequeñas y medianas empresas, así como sobre las familias que contratan servicios de cuidado, cuyos costes crecerán por encima del IPC. Las patronales añaden otra contradicción que atribuyen al Gobierno: mientras impulsa alzas salariales, lleva casi una década sin actualizar los contratos públicos para que las empresas adjudicatarias puedan trasladar esos mayores costes laborales a sus presupuestos.