El Tribunal Supremo ha condenado al exministro socialista José Luis Ábalos a 24 años de prisión en el marco del denominado caso Koldo, en una sentencia que describe los hechos probados como un modelo de corrupción orgánica, organizada y continuada. La resolución supone una de las condenas más severas dictadas en España contra un exmiembro del Gobierno en las últimas décadas.

El fallo también impone 19 años y medio de cárcel a Koldo García, asesor y hombre de confianza de Ábalos durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes. La sentencia dibuja una trama estructurada en torno al poder institucional que ambos ejercieron, con ramificaciones que el tribunal considera deliberadas y prolongadas en el tiempo.

Aldama evita el ingreso en prisión a cambio de trabajos para la comunidad

En un giro llamativo, el Supremo ha acordado suspender el ingreso en prisión de Víctor de Aldama, el empresario considerado pieza central de la trama como intermediario y presunto pagador de comisiones. El tribunal le sustituye la pena de cárcel por trabajos en beneficio de la comunidad, una decisión que contrasta con la dureza de las condenas a los cargos políticos y que previsiblemente generará debate jurídico y político.

El caso Koldo arrancó con la investigación de contratos de material sanitario adjudicados durante la pandemia de covid-19 y destapó una presunta red de cobro de comisiones ilegales a cambio de favorecer a determinadas empresas con contratos públicos. La instrucción judicial puso el foco en el papel de Ábalos como ministro y en la figura de García como interlocutor con los empresarios de la trama.

La condena llega en un momento de máxima presión judicial sobre el PSOE, partido del que Ábalos fue secretario de organización y figura clave hasta su salida del Gobierno en 2021. El exministro, que posteriormente rompió con la dirección socialista y continuó como diputado no adscrito, deberá ahora afrontar el cumplimiento efectivo de una pena que el alto tribunal ha fundamentado en la gravedad, la continuidad y la naturaleza institucional de los delitos cometidos.