La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha requerido al Consejo de Ministros que desclasifique, con carácter urgente y en un plazo no superior a quince días, documentación reservada del Centro Nacional de Inteligencia y de las Fuerzas Armadas vinculada a la entrada masiva e irregular de inmigrantes procedentes de Marruecos que tuvo lugar en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La magistrada califica esa documentación de «imprescindible» para el avance de la investigación judicial.

El auto de la magistrada persigue responder a tres preguntas concretas: qué autoridades del Estado tenían conocimiento de los movimientos migratorios que se estaban preparando al otro lado de la frontera, con cuánta antelación recibieron esas advertencias y qué decisiones adoptaron —o dejaron de adoptar— ante las alertas que les llegaron. La resolución apunta también a las comunicaciones que pudieron mantenerse entre los servicios de inteligencia españoles y sus homólogos marroquíes en las horas y días previos a la crisis.

Una entrada que la juez califica de presuntamente delictiva

La juez Tardón instruye una causa en la que la entrada masiva en Ceuta se investiga como un posible hecho de naturaleza delictiva, no como un mero episodio de gestión migratoria. Bajo ese enfoque, la desclasificación de los informes del CNI no es una petición accesoria, sino el núcleo de la investigación: si los organismos de inteligencia alertaron con suficiente anticipación y el Gobierno no actuó en consecuencia, la responsabilidad institucional adquiriría una dimensión radicalmente distinta.

El plazo de quince días que fija la magistrada es perentorio y obliga al Ejecutivo a pronunciarse antes de que concluya noviembre. El Gobierno puede oponer razones de seguridad nacional para mantener total o parcialmente la reserva de esos documentos, pero la negativa o el silencio tendría consecuencias procesales directas en una causa que ya instruye la Audiencia Nacional.

La petición de desclasificación se produce en un momento político de especial sensibilidad: España se encuentra en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, y cualquier revelación sobre el alcance real de las alertas previas a la crisis de Ceuta podría impactar de lleno en el debate sobre la política migratoria y la gestión del Ejecutivo en ese episodio.