Maricarmen Abascal tiene 87 años y el miércoles pasado fue sacada de su casa en una camilla de emergencias. No pudo recoger ninguna de sus pertenencias. Abandonó el que había sido su hogar durante más de setenta años con niveles de ansiedad que requerían atención médica, tras haber resistido —o padecido— cuatro intentos previos de desahucio. Su historia ha golpeado la conciencia pública y se ha convertido en uno de los rostros más crudos de la crisis de vivienda que atraviesa España.

A pesar del agotamiento, la propia Maricarmen lanzó un mensaje a quienes la habían apoyado durante semanas: «No hemos podido salvar mi casa, pero, por favor, continuad luchando». Una despedida que los movimientos sociales que se habían movilizado en torno a su caso recogieron como consigna.

Un símbolo de la crisis de vivienda que afecta a España

El caso de esta mujer madrileña ha trascendido lo individual para convertirse en emblema de un problema estructural. Los colectivos de defensa del derecho a la vivienda llevan semanas señalando su situación como ejemplo extremo de lo que ocurre cuando los mecanismos de protección social llegan tarde o no llegan. La edad de Maricarmen, su estado de salud y el tiempo que llevaba vinculada a esa vivienda han amplificado el impacto mediático y humano del desalojo.

El Defensor del Pueblo también se ha hecho eco del caso y ha emitido un pronunciamiento al respecto, aunque la información disponible no precisa el alcance exacto de su intervención ni si ha formulado alguna recomendación concreta a las administraciones implicadas.

La crisis de acceso y mantenimiento de la vivienda —que afecta tanto a inquilinos como a propietarios en situación de vulnerabilidad— sigue sin una respuesta legislativa clara y eficaz a nivel estatal, mientras los desahucios de personas mayores o en situación de fragilidad siguen produciéndose con una regularidad que los datos de organismos como el Consejo General del Poder Judicial han documentado en los últimos años.