El Sindicato de Inquilinas de Barcelona salió a la calle este lunes para presionar al Gobierno en el mismo día en que el Ejecutivo filtró el borrador del decreto ley de vivienda que pretende aprobar en el Consejo de Ministros del martes. La portavoz de la organización, Carme Arcarazo, fue contundente: las medidas anunciadas no son más que «migajas» y una «farsa», insuficientes a su juicio para frenar la crisis habitacional que afecta a miles de inquilinos en todo el país.

La concentración se celebró frente al Palacio de Congresos de Barcelona, donde el presidente Pedro Sánchez asistía a un acto de entrega de premios. La elección del escenario no fue casual: la protesta buscaba trasladar directamente al jefe del Ejecutivo el rechazo de los colectivos de inquilinos antes de que el texto quedara cerrado.

Qué contiene el borrador que negocia el Gobierno

Según el documento filtrado, el Ejecutivo ha acordado con grupos de izquierda, Junts per Catalunya y el PNV un paquete que contempla la prórroga automática de los contratos de alquiler durante dos años, la prohibición de desahucios al estilo del conocido como 'caso Maricarmen' hasta 2028, bonificaciones fiscales tanto para propietarios como para inquilinos, y ayudas para la adquisición de una primera vivienda.

El acuerdo, sin embargo, no recoge algunas de las demandas centrales del Sindicato de Inquilinas: la renovación indefinida de los contratos, una reforma integral de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la congelación del IPC como referencia de actualización de las rentas —que ya fue sustituida por un índice propio del Ministerio de Vivienda— y medidas estructurales para blindar a las personas vulnerables frente a los desalojos.

La advertencia del sindicato: sin el 'decreto Maricarmen', no habrá apoyo

Arcarazo fue explícita en sus condiciones: si el decreto aprobado el martes no incorpora el conjunto de medidas que reclaman bajo el paraguas del llamado 'decreto Maricarmen', el Sindicato de Inquilinas no lo respaldará. «La chispa no se apagará mañana», advirtió desde la concentración, en un mensaje que subraya que la movilización no tiene intención de disolverse tras la reunión del Consejo de Ministros.

La presión llega en un momento políticamente delicado para Sánchez, que necesita el voto de Junts para sacar adelante el decreto en el Congreso —trámite imprescindible para que la norma no decaiga— y al mismo tiempo se enfrenta a la crítica desde la izquierda más movilizada, que considera el texto claramente insuficiente. El equilibrio entre los socios parlamentarios y las exigencias de los movimientos sociales vuelve a tensar la geometría de la mayoría de investidura.