El Pleno del Parlamento de Andalucía debatirá el próximo jueves dos proposiciones no de ley, presentadas por el PP-A y Vox respectivamente, en las que se reclama al Gobierno central que garantice la seguridad en la línea de alta velocidad que conecta Andalucía con Madrid, actualmente cerrada tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

La iniciativa popular será debatida de forma conjunta. Ambas formaciones convergen en un punto central: la exigencia de que el Ejecutivo realice, con carácter inmediato, una auditoría técnica extraordinaria e independiente de toda la red ferroviaria estatal, con especial atención a los corredores que atraviesan Andalucía.

Qué reclama el PP-A

La proposición no de ley del Partido Popular andaluz arranca con una petición de que el Parlamento exprese su pesar por las víctimas y reconozca la labor de los servicios de emergencia, antes de trasladar al Gobierno una batería de exigencias de fondo. Entre ellas, destaca la demanda de que se garantice atención integral a todos los afectados —sanitaria, psicológica, jurídica y económica— y que se extienda ese mismo compromiso a las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba), ocurrido el 18 de enero pasado.

En materia de responsabilidades, el PP-A pide que el Gobierno asuma su parte institucional y política en la gestión del sistema ferroviario sin limitarse a señalar posibles errores humanos individuales, e insta a que se examinen también las eventuales deficiencias organizativas, tecnológicas y de mantenimiento que pudieran haber contribuido al siniestro.

Uno de los puntos de mayor calado político de la iniciativa popular es la censura expresa a la falta de renovación del sistema de señalización LZB en la línea Madrid-Sevilla. Adif Alta Velocidad adjudicó en septiembre de 2021 la sustitución de ese sistema por el europeo ERTMS, con un plazo de ejecución de 52 meses. Ese plazo ya ha vencido y las obras no están terminadas. El PP-A reclama que el Ejecutivo explique documentalmente las causas del retraso, el grado real de ejecución y las responsabilidades derivadas de la demora.

La proposición también condena la falta de inversión ferroviaria estatal en Andalucía durante el período 2021-2026 y pide que el Gobierno apruebe una programación plurianual territorializada, con financiación suficiente, responsables identificados y plazos verificables sujetos a control parlamentario.

Qué propone Vox

La formación de Santiago Abascal plantea que el Parlamento andaluz exprese su rechazo total a la gestión del Gobierno de España en materia ferroviaria, abarcando la planificación, la conservación, el mantenimiento, la seguridad y la modernización de las infraestructuras. Vox insta al Ejecutivo a situar la seguridad de viajeros y trabajadores como prioridad absoluta en cualquier decisión sobre la red.

Ambas iniciativas se producen con la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid cortada al tráfico como consecuencia directa del accidente de Urda, lo que obliga a miles de viajeros a recurrir a rutas alternativas con tiempos de desplazamiento sensiblemente mayores.