Claves
- 67 de los 69 fallecidos ya han sido entregados a sus familias
- 15 víctimas eran extranjeros de diez nacionalidades distintas
- 56 identificaciones por huella dactilar y 13 por análisis de ADN
- Dos cuerpos pendientes por trámites consulares aún sin resolver
67 de las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda (Toledo) han sido ya restituidas a sus familiares, según ha comunicado el Centro de Integración de Datos (CID), el único organismo habilitado por el Real Decreto 32/2009 para ofrecer cifras oficiales en situaciones con víctimas múltiples. Los dos cuerpos restantes continúan en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo a la espera de que los servicios consulares correspondientes completen los trámites administrativos necesarios.
El balance definitivo de fallecidos se mantiene en 69: 54 de nacionalidad española y 15 extranjeros. Entre estos últimos figuran ciudadanos de Argentina, Australia (2), Canadá, República Checa, Estados Unidos (4), Francia, Japón (2), México, Portugal y Túnez. Las víctimas son 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad. La jornada también ha coincidido con la retirada de los dos últimos vagones del lugar del impacto.
Más de 60 profesionales en las labores de identificación
Las identificaciones se cerraron el lunes pasado tras el trabajo de más de 60 profesionales desplazados a Toledo desde el miércoles anterior al accidente. De las 69 identificaciones, 56 se realizaron mediante huella dactilar, a cargo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, y las 13 restantes mediante análisis de ADN, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Toxicología en colaboración con ese mismo servicio. Un total de 27 agentes de la Guardia Civil participaron en estas tareas.
En el operativo forense intervinieron médicos de los institutos de medicina legal de Toledo (12), Ciudad Real (6), Cáceres (2) y Cuenca (1), junto a dos médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y ocho técnicos de autopsia procedentes de Toledo, Albacete, Cáceres y Guadalajara. Nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología asumieron las pruebas de ADN post mortem.
El protocolo fijó que ninguna identificación se incorporaba a las estadísticas oficiales hasta que la familia hubiera recibido la notificación de forma personal y presencial. Solo entonces el CID hacía pública la cifra. Para las víctimas extranjeras, la comunicación se cursó también a las oficinas consulares de cada país. El apoyo psicológico a los familiares corrió a cargo de cinco profesionales del Instituto de Medicina Legal y de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito de Toledo. La Unidad Militar de Emergencias (UME) prestó soporte logístico durante toda la fase de identificaciones.
Esta información se ha elaborado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial a partir de fuentes informativas contrastables, bajo la responsabilidad editorial de El Riu.
