Santiago Abascal convocó este sábado a más de 2.500 personas en el Auditorio Pedro Díaz de Guadalajara en un acto de precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. El presidente de Vox centró buena parte de su discurso en la tragedia ferroviaria de Urda —69 fallecidos el pasado 28 de octubre— y exigió la dimisión de Pedro Sánchez por la gestión de las infraestructuras ferroviarias.

Abascal hizo referencia a una información publicada el mismo día sobre los bonus que, según denunció, el hasta entonces presidente de Adif habría dejado firmados para sus directivos antes de abandonar el cargo tras el accidente. Con ese dato como palanca, acusó al Ejecutivo de haber destinado el dinero de la seguridad ferroviaria a «mordidas, colocaciones y bonus» en lugar de garantizar la protección de los viajeros. «¿Por qué no dimite Pedro Sánchez cuando ve que todos los que ha colocado se están llevando el dinero? En mitad de los muertos», preguntó ante el auditorio, según recogió El Español.

Seguridad, impuestos y mundo rural, los otros ejes del mitin

Más allá de la cuestión ferroviaria, Abascal articuló su discurso en torno a varios bloques. En materia de seguridad ciudadana, defendió la necesidad de recuperar la libertad de las mujeres y criticó al Gobierno por haber «excarcelado a violadores» y por una política migratoria que, a su juicio, ha traído a España a «gente que odia a las mujeres».

En el terreno económico, reclamó una reducción de la presión fiscal sobre trabajadores y autónomos, así como la eliminación de trabas burocráticas. Vinculó ambas propuestas con las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda o a un empleo digno, y resumió su oferta como «un cambio profundo, pero tranquilo» que permita recuperar oportunidades.

El mundo rural ocupó también un lugar destacado. Abascal denunció la entrada de aceite de Marruecos y Túnez en un momento en que, según afirmó, se retira producto español del mercado, y criticó la carga burocrática que soportan agricultores y ganaderos —a quienes describió como «oficinistas arruinados»—. Responsabilizó tanto al Gobierno de Sánchez como a los acuerdos entre populares y socialistas en Bruselas de unas políticas que considera dañinas para el sector primario.