El Tribunal Supremo ha acordado el archivo de la causa penal abierta contra Clara Ponsatí, exconsellera de Educació de la Generalitat de Catalunya, después de aplicarle la ley de amnistía aprobada por el Parlamento. El tribunal ha estimado que los hechos por los que estaba investigada —su papel en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017— quedan amparados por la norma en lo relativo al delito de desobediencia.

Con esta resolución, Ponsatí se suma a la lista de dirigentes independentistas que han visto extinguida su responsabilidad penal al amparo de la amnistía. La exconsellera, que residía en el extranjero desde que abandonó España tras el referéndum, tenía pendiente desde entonces la tramitación de su situación judicial ante el alto tribunal.

El alcance del delito de desobediencia en la causa

El cargo por el que el Supremo ha decretado el archivo es el de desobediencia, el único que mantenía vivo el procedimiento contra Ponsatí una vez descartados otros tipos penales más graves en fases anteriores. La ley de amnistía, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez con los votos de Junts, ERC y otros grupos parlamentarios, incluye expresamente este delito entre los que quedan cubiertos para las actuaciones relacionadas con el proceso independentista catalán entre 2012 y 2023.

La norma fue objeto de un intenso debate constitucional y político desde su tramitación, con recursos presentados por el PP y por varios operadores jurídicos que cuestionaban su compatibilidad con la Constitución. El Tribunal Constitucional avaló la ley, lo que despejó el camino para que el Supremo procediera a aplicarla en los distintos casos pendientes.

Una resolución que cierra el expediente judicial de la exconsellera

El auto del Supremo pone fin a un procedimiento que se prolongó durante años y que incluyó órdenes de detención europeas en distintos momentos. Ponsatí, que ejerció como profesora universitaria en el Reino Unido durante parte de ese período, llegó a ser elegida eurodiputada en las listas de Junts, cargo desde el que gozó de inmunidad parlamentaria hasta el fin de su mandato.

El archivo de su causa se produce en paralelo al de otros dirigentes del procés a los que el Supremo ha ido aplicando la amnistía de forma progresiva desde que la ley entró en vigor.