El Gobierno central ha anunciado una inversión de 1.760 millones de euros para el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat en el marco del tercer Plan Director de Infraestructuras Aeroportuarias (DORA III). Sin embargo, la tan esperada nueva pista no figura en el paquete como una inversión firme: los 198 millones específicamente vinculados a las actuaciones que la harían posible están supeditados al cumplimiento previo de los requisitos medioambientales exigidos por la normativa vigente.

La distinción no es menor. El grueso de los 1.760 millones cubre mejoras y actuaciones en la infraestructura actual del aeropuerto, mientras que la partida que podría desbloquear la ampliación real de capacidad operativa queda en una suerte de reserva condicional. Dicho de otro modo: el dinero está encima de la mesa, pero la llave la tiene la tramitación ambiental, cuyo resultado no está garantizado.

La ampliación, un debate que arrastra años de bloqueos

El proyecto de ampliación del Prat lleva años atrapado entre las exigencias ecológicas derivadas de la proximidad de la laguna de la Ricarda, un espacio protegido que alberga especies catalogadas, y la presión del sector económico catalán y español, que reclama más capacidad para mantener la competitividad de Barcelona como hub europeo. La Comisión Europea ya advirtió en su momento de los riesgos sobre el hábitat natural, lo que paralizó cualquier avance sustancial.

El anuncio del DORA III no resuelve ese nudo: confirma la voluntad inversora del Estado, pero traslada la responsabilidad del avance real al proceso de evaluación ambiental. Si ese proceso concluye favorablemente, los 198 millones estarán disponibles; si no, la nueva pista seguirá siendo un horizonte aplazado indefinidamente.

1.760 millones en el conjunto del plan, con matices

La cifra global de 1.760 millones incluye actuaciones de diversa naturaleza: ampliación de terminales, mejora de accesos, modernización de sistemas y otras inversiones en la infraestructura existente. Son partidas que no dependen de ninguna condición medioambiental y que, en principio, tienen un recorrido más claro dentro del horizonte temporal del DORA III. El aeropuerto del Prat, segundo en tráfico de pasajeros del Estado, necesita esa modernización con independencia de lo que ocurra con la pista.

La clave política y económica estará, no obstante, en si la administración impulsa o deja languidecer la tramitación ambiental que daría paso a esos 198 millones condicionados. La experiencia reciente no invita al optimismo: el expediente lleva tiempo sin avances determinantes, y el anuncio de hoy no incorpora ningún calendario concreto para resolverlo.