La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lanzado un aviso claro a las grandes plataformas digitales: Europa avanza hacia la prohibición del acceso de los menores de 13 años a las redes sociales. El anuncio se produjo durante su discurso sobre el estado de la Unión, en el que la dirigente comunitaria señaló que las plataformas tendrán que asumir la responsabilidad de garantizar la seguridad de los niños en el entorno digital.

La propuesta sitúa a la UE en la misma dirección que varios países que ya han adoptado medidas similares o las están debatiendo. Australia, por ejemplo, aprobó recientemente una ley que fija en 16 años la edad mínima para acceder a las redes sociales, una de las más restrictivas del mundo. En Europa, el debate lleva meses ganando terreno ante la creciente evidencia científica sobre los efectos negativos del uso intensivo de estas plataformas en la salud mental de los adolescentes.

La presión sobre Meta, TikTok y compañía

El mensaje de Von der Leyen apunta directamente a gigantes como Meta —propietaria de Instagram y Facebook— y a TikTok, plataformas que aglutinan a la mayor parte del público joven europeo. Hasta ahora, estas compañías han aplicado políticas de verificación de edad que los expertos consideran insuficientes y fácilmente sorteables por los propios menores.

La Comisión Europea ya dispone de herramientas regulatorias para presionar a las plataformas, en especial a través de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que obliga a los grandes operadores a evaluar y mitigar los riesgos para los usuarios vulnerables, incluidos los menores. Sin embargo, la propuesta de establecer una edad mínima explícita de 13 años supondría un paso regulatorio adicional que requeriría desarrollo legislativo específico.

Von der Leyen no ofreció un calendario concreto ni detalló el mecanismo legal exacto a través del cual se articularía la prohibición, lo que significa que el anuncio tiene por ahora más valor político que normativo. La concreción de la medida dependerá del proceso legislativo europeo, con la participación del Parlamento Europeo y el Consejo.