El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha identificado públicamente a su homólogo italiano, Antonio Tajani, como uno de los «máximos obstáculos» que impiden avanzar en el reconocimiento oficial del catalán, el euskera y el gallego en el seno de la Unión Europea. El expediente, que el Gobierno español lleva meses intentando desatascar, sigue sin progresar en las instituciones comunitarias.

La declaración de Albares es notable por su franqueza diplomática: señalar por su nombre a un ministro de otro Estado miembro como responsable directo del bloqueo es una escalada en el tono que España ha empleado hasta ahora sobre este asunto. Italia, bajo la coalición de Giorgia Meloni, de la que Tajani forma parte como vicepresidente y titular de Exteriores, ha mostrado una posición reticente a ampliar el número de lenguas con estatus oficial en las instituciones comunitarias, un proceso que requiere unanimidad entre los Veintisiete.

La unanimidad, el escollo estructural

El reconocimiento oficial de una nueva lengua en la UE exige que todos los Estados miembros lo aprueben sin excepción. Esa regla de unanimidad convierte cualquier veto, o incluso una oposición sostenida, en un bloqueo efectivo. El Gobierno de Pedro Sánchez impulsó esta iniciativa como parte de los acuerdos que permitieron la investidura de 2023, comprometiendo ante sus socios parlamentarios —entre ellos fuerzas independentistas catalanas— gestiones concretas ante Bruselas y las capitales europeas.

Que casi tres años después el asunto continúe estancado pone en evidencia las limitaciones reales de esa promesa política. La diplomacia española puede presionar, negociar y buscar alianzas, pero no puede imponer un resultado que depende de que ningún socio europeo plantee objeciones. Italia no es el único país que ha mostrado reservas —varios Estados del Este también han expresado dudas sobre el precedente que supondría para sus propias minorías lingüísticas—, pero Albares ha optado por señalar a Roma como el principal escollo.

Una promesa con fecha de caducidad política

El compromiso con la oficialidad del catalán en Europa nació como moneda de cambio en la aritmética parlamentaria de la investidura. Eso le otorga una carga política específica: si el objetivo no se alcanza, las consecuencias no son solo diplomáticas sino también de credibilidad interna del Ejecutivo ante sus socios. Albares, al externalizar la responsabilidad del fracaso hacia Tajani, intenta preservar esa credibilidad argumentando que España ha cumplido su parte de la gestión, pero que la resistencia viene de fuera.

Desde la perspectiva del interés catalán, más allá del debate sobre la independencia, el reconocimiento del catalán como lengua oficial comunitaria tiene un valor concreto: permitiría a los catalanohablantes relacionarse con las instituciones de la UE en su propia lengua, algo que hoy no es posible pese a que el catalán cuenta con más hablantes que varias lenguas que sí tienen ese estatus. Que ese avance dependa de los equilibrios en la coalición de gobierno italiana ilustra hasta qué punto estos procesos se deciden en coordenadas muy alejadas de los méritos lingüísticos o culturales.