La batalla política contra la llamada ley de nietos ha dado el salto a los tribunales. El Tribunal Supremo ha bloqueado el derecho a voto de los ciudadanos que ya habían obtenido la nacionalidad española al amparo de la disposición incluida por el Gobierno en la ley de memoria democrática, que permite a descendientes de exiliados recuperar la nacionalidad. La medida judicial es el resultado directo de la presión ejercida por PP y Vox, que han convertido el asunto en uno de sus principales frentes de ataque contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Ambas formaciones han calificado la norma de instrumento diseñado para alterar el censo electoral en beneficio del PSOE, una acusación que sostienen sin haber aportado, hasta ahora, pruebas concretas de manipulación. La derecha española argumenta que la concesión masiva de nacionalidades a ciudadanos latinoamericanos —principales beneficiarios de la disposición— supondría la incorporación de un electorado favorable a la izquierda en unas eventuales elecciones generales.

El hostigamiento a la familia del ministro Puente, otro flanco de la ofensiva

La cruzada no se ha limitado al ámbito parlamentario ni al judicial. Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, ha sido señalada públicamente por dirigentes del PP y Vox en el marco de esta controversia, hasta el punto de que ella misma ha respondido con ironía: según ha declarado, en su entorno cercano no es conocida como la hermana del ministro, sino que es el ministro quien es conocido como su hermano. La anécdota retrata el nivel al que ha llegado la presión personal sobre el círculo familiar de miembros del Gobierno en este conflicto político.

El uso de familiares como diana mediática o política de cargos públicos es una táctica que distintas organizaciones de defensa de la democracia han denunciado en reiteradas ocasiones, al entender que traspasa los límites del debate político legítimo y entra en el terreno del acoso personal. En este caso, el señalamiento a Sofía Puente no guarda ninguna relación directa con la gestión ministerial de su hermano, lo que acentúa las críticas sobre el carácter puramente intimidatorio de la acción.

La ley de nietos, en el centro del debate sobre memoria y derechos

La disposición impugnada forma parte de la ley de memoria democrática aprobada por el Gobierno de coalición y busca reparar una deuda histórica con los descendientes de quienes se vieron obligados a abandonar España durante la Guerra Civil y el franquismo. Desde su aprobación, más de cien mil personas —la gran mayoría residentes en países latinoamericanos— habían iniciado los trámites para acogerse a ella. La suspensión cautelar decretada por el Supremo afecta directamente a los que ya habían completado el proceso y esperaban ejercer el derecho al sufragio.