Los técnicos del Ministerio de Transportes han detectado un sobrecoste de 10,9 millones de euros en el contrato vinculado a la línea ferroviaria donde se produjo el accidente, según ha adelantado El Debate. La conclusión forma parte del trabajo del grupo investigador al que el ministro Óscar Puente encargó analizar la gestión de ese contrato, y apunta a que fue «un tercero» quien exigió esa cantidad adicional, sin que la fuente disponible identifique con más detalle a ese agente.

La cifra, superior a los diez millones de euros, sitúa el hallazgo en una dimensión que difícilmente puede calificarse de anomalía menor. Los propios técnicos del ministerio —funcionarios de carrera con competencia en la materia— son quienes han llegado a esta conclusión, lo que da a la pesquisa un carácter interno y directo: no es un auditor externo ni una comisión parlamentaria, sino el equipo que el propio Puente puso a trabajar sobre el expediente.

Una investigación interna que apunta a presiones externas sobre el contrato

El hecho de que el sobrecoste se atribuya a la exigencia de «un tercero» abre interrogantes sobre quién pudo condicionar las condiciones económicas del contrato y en qué momento del proceso. La fuente no precisa si ese tercero es una empresa, una administración participante o un intermediario, ni si la investigación interna ha trasladado sus conclusiones a la fiscalía o a algún órgano de control externo como el Tribunal de Cuentas.

El accidente ferroviario al que está vinculado este contrato ha generado una intensa presión política sobre el ministerio desde que se produjo. La apertura de esta investigación interna fue presentada en su momento por Puente como una medida de transparencia, aunque la revelación de un sobrecoste millonario detectado por sus propios técnicos complica ahora la posición del departamento, que deberá aclarar si ese encarecimiento fue advertido en su momento, por quién y qué decisiones se tomaron al respecto.